A diferencia del caso del submarino San Juan ARA, en el que hay divergencias dentro del Poder Ejecutivo nacional por cómo afrontar el reclamo de los familiares de los 44 tripulantes; en el conflicto con las comunidades mapuches no hay fisura alguna en el círculo íntimo del presidente Mauricio Macri. No sólo reivindican la actuación del ministerio de Seguridad en la represión ilegal de la Gendarmería a la comunidad Pu Lof, donde murió Santiago Maldonado, y en el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, donde Jorge Nahuel fue asesinado a manos de la Prefectura, sino que además desde la Casa Rosada aseguran que continuarán con esa línea de acción en cualquier otra ocupación de tierras en la Patagonia.

Lo que algunos sectores de la oposición circunscriben a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de sus "exabruptos", en realidad no es más que la política de todo el Gobierno nacional, con Macri a la cabeza. La directiva del mandatario es que las fuerzas de seguridad vuelvan a tener un rol preponderante al momento de desalojar a quienes ocupen tierras privadas, sin embargo esa directiva también le cabe a los que se aposten en el espacio público, en especial con los cortes de calles.

Con poco tino, el miércoles pasado, el mismo día que finalizaba el juicio de la megacausa Esma III, Macri le pidió a Bullrich "volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse". Con ese mismo eje, un funcionario con despacho en Balcarce 50 señaló a BAE Negocios que "antes se vivía en el mundo del revés" y que "ahora es necesario que si alguien usurpa una tierra que es privada vaya preso y se atenga a las consecuencias".

Aunque el discurso oficial sostiene que la muerte de Nahuel es consecuencia no sólo de la toma de tierras sino también de que los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu estaban armados, una fuente con llegada al presidente confiesa que "es probable que el chico no estuviera armado y que cuando los prefectos tiraron a los árboles le dispararon también a él".

Hasta ahora, lo que se desprende de la causa a cargo del juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva es que la bala 9mm que mató a Nahuel pertenece a un arma de la Prefectura, que el joven mapuche fue asesinado por la espalda y que ni él ni Lautaro Alejandro González y de Fausto Jones Huala, que fueron detenidos durante unos días y luego puestos en libertad, tenían restos de pólvora en sus manos.

Las contradicciones que en su momento surgieron de las declaraciones de los gendarmes que participaron de la represión ilegal en la comunidad Pu Lof, donde murió Maldonado, no generaron ningún tipo de medida disciplinatoria hacia esa fuerza por parte del Ejecutivo, más bien todo lo contrario. Tampoco en esta oportunidad, donde Bullrich defendió con ahínco a los prefectos. "La versión de la Prefectura Naval Argentina es de carácter de verdad para nosotros", dijo la ministra de Seguridad dos días después del asesinato de Nahuel.

Con las encuestas en la mano, en el Gobierno nacional aseguran que la represión de Bariloche no le trajo ningún costo político, aún menos que con el caso de Maldonado. Y consiguieron fidelizar aún más su base de votantes y reforzar la idea de un nuevo enemigo, encarnado en la RAM, de la que se sabe muy poco, al punto que hay quienes, como el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, que ponen en duda su existencia.