El Gobierno todavía ve infiltrados en las marchas de los gremios

El ministro Gustavo Valdés, criticó la presencia de organizaciones de policía correntinas y otras provincias en la manifestación de la CGT y la CTA. Ratificó la teoría de los “infiltrados” y encuadró las protestas como propias del año electoral.
De la segunda manifestación conjunta de Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General de Trabajo (CGT) -que se realizó el jueves por la tarde en la Capital Correntina-participaron unas 50 organizaciones sindicales.

Unos tres mil manifestantes salieron a las calles para criticaron los excesos de policía durante la marcha anterior (del 24 de mayo). Pero también le reiteraron al Ejecutivo correntino sus pedidos de más mejoras salariales y de una mesa de relaciones laborales. Y a la Legislatura le pidieron leyes laborales (paritarias, 82% móvil, estatutos).

Los organizadores y convocantes de la manifestación fueron los gremios de empleados públicos provinciales, nucleados en las dos centrales obreras. Pero además participaron sindicatos de agentes privados, y organizaciones de trabajadores de otras provincias, con apoyo nacional.

Esto último le sirvió la Administración del gobernador Ricardo Colombi para reiterar que su teoría respecto de que los reclamos son más “políticos” que planteos objetivos; y que tanto en la marcha del 24 de mayo como en la del jueves pasado había “infiltrados” de provincias vecinas.

“Teníamos razón cuando afirmábamos que había gente de otras provincias en la marcha, y ahora se pudo ver a todos con los carteles”, dijo ayer el ministro de Gobierno y Justicias, Gustavo Valdés, que tiene bajo sus órdenes a la Policía.

Con el argumento de expresar su “solidaridad” con los gremios correntinos, tras el castigo que recibieron algunos trabajadores en la marcha del 24 de mayo; y para mostrar “unidad”, antes de ayer llegaron a la capital correntina sindicatos de otros distritos: CGT-Posadas, UTRE-Chaco (CTERA); y organizaciones de policiales de Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos que acompañaron a la local APPOLO. Además de movimientos sociales y políticos de centroizquierda y otros directamente identificados con el kirchnerismo.

Ayer Valdés opinó que los gremios de otras provincias nada tenían que hacer en Corrientes. “Al Chaco no le va a gustar que los correntinos vayamos a manifestar allá”, dijo como gran reflexión.

“Hay un principio que es viejo y que se aplica en el derecho público internacional, es el de la no injerencia en los asuntos internos y creo que los correntinos tenemos problemas que debemos solucionar entre nosotros”, agregó en declaraciones a Radio Dos, en referencia especialmente a las organizaciones policiales de otras provincias vinieron hasta Corrientes.

“No fueron los policías del pueblo”

La Asociación Penitenciaria Policial Organizada (APPOLO) de Corrientes fue una de las últimas organizaciones que el jueves por la tarde-noche declamó sus planteos laborales y salariales en particular frente a la Casa de Gobierno correntina.

El ex oficial de la Policía correntina, Miguel Soto, quien pidió “disculpas y perdón ajenos” por el exceso de los efectivos que castigaron trabajadores estatales en la manifestación del 24 de mayo pasado.

“Los que reprimieron no fueron policías del pueblo de Corrientes. Sino efectivos de este régimen (por el Ejecutivo) que manda a pegar a los trabajadores en vez de dialogar. Que quiere enfrentar a pobres contra pobres”, dijo ante los miles de manifestantes.

Aprovechó el escenario para reiterar el pedido de todas las organizaciones de policías del país: “Que el Estado reconozca a sus policías como obreros de la seguridad, con derecho a la sindicalización”. Propuesta que apoyó -por ejemplo- el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni durante su última visita a Corrientes.

Soto aseguró el jueves que los policías son “trabajadores con muchas necesidades que viven, en algunos casos sometidos a condiciones de cuasi esclavitud, sin derecho a reclamar, a agremiarse y a negociarse sus condiciones laborales y salariales”. El ex oficial, apartado de la Policía correntina tras encabezar la protesta de los uniformados en 2008, cuestionó por “miserable” la última recomposición salarial que otorgó el Gobierno correntino, “con montos en negro como el Racionamiento que no le llega a nuestros jubilados”, dijo. Ante los medios, Soto detalló que esa suba de $300, además, tampoco llegó a los policías que ocupan puestos fijos, que hacen cursos, y todos aquellos que no realizan 12 horas de guardia.

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