Después de dos experiencias fallidas, en la cima del Gobierno vuelve a tomar fuerza la posibilidad de impulsar una suerte de pacto antidespidos en el sector privado. Se trata de uno de los pasos que la gestión de Mauricio Macri estaría dispuesta a dar para reconstruir el vínculo con los gremios peronistas de la CGT e intentar neutralizar el paro general que anunciaron para noviembre.

Con las estadísticas de empleo en caída y en un contexto de volatilidad inflacionaria, la Casa Rosada explora alternativas para evitar una escalada de la conflictividad y exhibir cierto entendimiento con los gremios y los empresarios en la antesala a la Cumbre de Líderes del G-20 , que se desarrollará en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre.

La escenificación de una virtual armonía con empleadores y trabajadores es una foto por la que también presiona el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sugirió la necesidad de institucionalizar una instancia de diálogo, en la que además propone sumar a las fuerzas políticas opositoras.

En el Gobierno, sin embargo, son algo escépticos sobre la viabilidad de este tipo de convocatorias tan amplias, en las que el grado de representatividad de los sectores suele ser siempre motivo de debate.

Por eso, un primer paso sería reabrir el diálogo con la CGT y con las principales cámaras empresarias. En esa misión están hoy el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, y el secretario de Trabajo, Jorge Triaca .

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Los funcionarios se dividieron las cargas de acuerdo a la afinidad con los interlocutores. Sica es el responsable de negociar con los empresarios y gremialistas de los sectores industriales, mientras que Triaca busca acercar posturas con protagonistas de otras actividades.

Con la certeza de que el proyecto de presupuesto será aprobado en el Senado, en el Gobierno consideran importante cerrar ahora un trato con los empresarios para detener la hemorragia laboral.

En la Secretaría de Trabajo evitan denominarlo pacto antidespidos después de las dos experiencias fallidas en 2016 y 2017.

"En el sector público hay muy poco para dar. Y en el privado estamos dispuestos a ayudar para evitar que haya menos despidos", dijo un funcionario que tiene trato diario con empresarios y sindicalistas. Y señaló, casi como un anhelo: "Tenemos que lograr un equilibrio básico en cuanto al empleo y los salarios. Con o sin foto".

La viabilidad del acuerdo por los despidos podría enfriar la amenaza de paro que hicieron hace dos semanas los jefes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña.

Ambos basculan entre la negociación o el endurecimiento. El jueves próximo la CGT reunirá a su cúpula y es probable que tome forma el 27 o 28 de noviembre como fechas tentativas para la huelga. Sería el martes o el miércoles de la misma semana en la que se realizará la Cumbre del G-20.

"El Gobierno puede intervenir en los despidos si obliga a los empresarios a notificar las causas de cada baja en el Ministerio de Trabajo [sic]. ¿Existe ese compromiso de Macri?", se preguntó un dirigente de peso de la CGT que conserva intacta su línea de diálogo con funcionarios nacionales.

Otro jerárquico de la central obrera señaló: "Los funcionarios que están dispuesto a avanzar son Triaca y Sica, pero el que decide es [Nicolás] Dujovne".

En algunas cámaras empresariales caminan con pies de plomo sobre este tipo de acuerdos y rechazan firmar un acta compromiso, como sucedió en 2016.

"Hay una contracción económica con fuerte caída de la actividad. Si a esto le sumamos el costo financiero de las tasas de interés. Retener mano de obra cuando no se tiene actividad o se tiene una muy mermada es sumamente complejo, por ende generar obligaciones al respecto sería utópico. Sugiero diálogo social para preservar empresas y empleo, y evitar planteos voluntaristas que no tienen sustento ni realismo", dijo Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y vicepresidente 2° de la Unión Industrial.

En el Gobierno están al tanto de este tipo de tensiones, avivadas también a partir de las versiones sobre un eventual control de precios por parte del Estado.

"No vamos a atar la suerte de la gestión a los empresarios", dijo un funcionario, confiado en que el repunte económico comenzaría en diciembre, con una desaceleración de la inflación, y a partir del reordenamiento institucional de Brasil tras su elección presidencial.

Los canales de diálogo entre el Gobierno y la CGT siguen minados. Sica y Triaca exploraron un acercamiento para acordar una agenda común, con foco en el empleo y los salarios. Los funcionarios se mostraron proclives a homologar con cierta celeridad la reapertura de las paritarias.

La aprobación de los aumentos salariales, que antes podía demorar meses, tarda hoy un puñado de días. El compromiso oficial con los gremios se extendería ahora a reflotar el pacto antidespidos.

Detrás de esta negociación, el Gobierno anhela ampliar a otros sectores el inédito acuerdo que cerró hace algunas semanas con el sindicalista petrolero y senador nacional Guillermo Pereyra en Vaca Muerta, donde firmó un trato para restringir el derecho de huelga.

El convenio, al que adhirió también el gremio de jerárquicos y participó el gobierno de Neuquén, tiene como fin evitar conflictos gremiales que perjudiquen la productividad del yacimiento.

El giro de Pereyra, que está acorralado en una causa judicial por administración fraudulenta en su sindicato, fue muy valorado en la Casa Rosada.

Una fórmula que ya fracasó

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