El Gobierno dio de baja los aportes forzosos que las empresas debían hacer a cámaras sectoriales. Lo resolvió el Ministerio de Producción y Trabajo para compañías de la industria del plástico y del rubro de limpieza respecto de entidades patronales que firman los convenios colectivos con los gremios de cada actividad. De ese modo la cartera que encabeza Dante Sica reforzó un criterio que en mayo había adoptado respecto de la industria metalúrgica a partir de fallos judiciales que también objetaron los aportes.

Las resoluciones fueron adoptadas este lunes y el jueves pasado por la secretaría de Trabajo, a cargo de Lucas Fernández Aparicio, en expedientes iniciados contra la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) y la Asociación de Empresas de Limpieza y Afines (ADEL), respectivamente. Con sendas normativas las entidades no podrán obligar a las firmas de cada rubro a destinarles un porcentaje de su nómina salarial con el argumento, vigente desde hace años, de su gestión como signatarias de las paritarias.

El primer antecedente de la Secretaría de Trabajo fue contra la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). En mayo, como reveló en exclusiva este diario, la repartición tomó en cuenta fallos judiciales contrarios para revocar un aporte forzoso de 1% de la nómina salarial de cada compañía de la actividad, incluso las no afiliadas, a favor de la cámara mayoritaria. Lo hizo a partir de una presentación de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC, las autopartistas), que objetaban ese pago y reivindicaban su propia representación en las negociaciones salariales. Así sentó un precedente que animó a otras compañías a realizar presentaciones similares.

En los últimos días, en la misma línea, la cartera laboral hizo lugar a un planteo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico (Apymep) para librarse de la presión de la CAIP por el pago compulsivo. A través de la resolución 1587 de este lunes, la repartición declaró que “los empresarios de la actividad referida aún no afiliados” a la CAIP “no se encuentran obligados a pagar una contribución a dicha entidad firmante del convenio colectivo”.

Invalidez

En los considerandos la norma se remitió a fallos judiciales de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que en los últimos años declaró la invalidez de esos aportes especiales respecto tanto de Adimra como de la propia entidad de industriales del plástico.

Mientras que la semana pasada, al momento de homologar un acuerdo salarial entre el Sindicato de Obreros de Maestranza y la Asociación de Empresas de Limpieza, la cartera de Trabajo se pronunció en el mismo sentido. En el acta se señala que “los aportes empresarios previstos con destino” a esa entidad patronal “no quedarán comprendidos dentro de la homologación que por la presente se dicta, en tanto su contenido se enmarca dentro de la órbita del derecho privado y resulta ajeno a las previsiones del derecho colectivo de trabajo”.

De igual forma el documento apartó de la homologación formal otro aporte que las empresas de limpieza realizan con destino al sindicato. En ese punto el texto señala que esas contribuciones “deberán ser objeto de una administración especial llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos”, con lo que dejarán de formar parte del convenio colectivo de la actividad.

El sendero inaugurado por el Gobierno en esta línea representa un duro golpe para la organización gremial de las empresas tal como se mantuvo vigente en los últimos años. En el caso de Adimra, la entidad mayoritaria en la paritaria del sector metalúrgico cobró durante 18 años el aporte forzoso entre empresas no afiliadas y de ese modo se constituyó en la principal referencia patronal como contraparte de la Unión Obrera Metalúrgica. Se calcula que sólo por ese ítem Adimra percibía 500 millones de pesos al año.

Estos casos son similares a la controversia en torno de las “cuotas solidarias” que rigen en varios convenios colectivos de trabajo a favor de sindicatos. En esos ejemplos, y sujeto a la renovación en cada paritaria, el gremio acuerda con su contraparte patronal un descuento sobre el sueldo de los trabajadores no afiliados (los afiliados ya pagan una cuota sindical preestablecida) como una suerte de gratificación a la entidad por la gestión en la negociación colectiva. A lo largo de los años hubo fallos a favor y en contra de ese tipo de retenciones obligatorias, aunque hay una línea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que las avala por considerarlas necesarias para el sostén del activismo gremial.