Las obras sociales sindicales son todo un símbolo del “modelo sindical argentino”. Las prestaciones son en la mayoría de los casos un desastre. Las cúpulas cobran fortunas por “administrarlas” y algunas terminan involucradas en causas como los “medicamentos truchos”. El Estado retiene los fondos que pertenecen a los trabajadores y sus organizaciones y las usa para “negociar” voluntades políticas. Desde Menem a Macri, pasando por los Kirchner.

Lo confirma el reciente decreto 554/18 que lleva la firma de Mauricio Macri, Jorge Triaca y Adolfo Rubinstein.

Como explica en sus considerandos, el decreto refiere al “SUBSIDIO DE MITIGACIÓN DE ASIMETRÍAS (SUMA) destinado a complementar la financiación de los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud mediante la distribución automática de una parte del FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN”.

El objetivo principal de ese Fondo es el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos, a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR).

¿Qué hace el decreto? Por un lado liberan parte de los fondos de las obras sociales tal como se había comprometido Macri en 2016, a través del decreto 908/16 que destinaba $4500 millones que al actualizarlos rondaría los $6000 millones. Además amplía, en su artículo 7, el “beneficio” para jubilados que podrán percibirlos desde los 65 años.

Pero al mismo tiempo reforma la forma en que se distribuyen esos fondos. Disminuye el porcentaje que se hace “automáticamente”, según la cantidad de afiliados, y aumenta la que depende de la firma del ministro de Trabajo y el superintendente de Salud.

En definitiva, devuelve fondos retenidos injustamente a las obras sociales sindicales, aunque lo hace aumentando la discrecionalidad para “liberarlos”.

Para entender la medida hay que tomar en cuenta el contexto. El anuncio se da tras el anuncio de un paro de la CGT para el 25 de junio, que entre otros puntos reclama la “devolución en su totalidad y en forma urgente de los fondos correspondientes a los gastos de salud de las obras sociales sindicales”.

Según difundió Ambito Financiero, el decreto "atiende el reclamo que había hecho la CGT sobre los fondos de las obras sociales, dijo José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y referente en la temática sanitaria, aunque "no va a alcanzar" para suspender la medida de fuerza”.

Es que, más allá de la intención de Lingieri, uno de los sindicalistas más dialoguistas y con amenazas de “carpetazos”, para la situación social y sanitaria de los trabajadores el decreto no es más que un reconocimiento miserable y tardío. La situación de las obras sociales sindicales y en particular de los trabajadores “pasivos” es dramática, desde la cobertura a los gastos en medicamentos y tratamientos.

Todos “golpean” - en el caso de la CGT una vez por año - mientras negocian el salario, el empleo y también la salud de millones de trabajadores. El tira y afloje confirma además la brutal injerencia del Estado en las organizaciones obreras.

Entre sus fundamentos, Macri y sus ministros aseguran que el objetivo fundamental del “Sistema es proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud humana, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a criterios de justicia distributiva”.

Un cinismo sin límites. Más cuando la salud pública será una de las primeras víctimas del acuerdo con el FMI.

Para terminar con la crisis de las obras sociales y el chantaje de los gobiernos de turno, el Estado tiene que devolver todo el dinero retenido a los gremios, cuyas obras sociales tienen que ser administradas democráticamente por los propios trabajadores y no por las cúpulas que hacen negocios con ellas. Y hay que elevar los aportes de los empresarios que son quienes nos rompen y enferman.

Nuestras vidas valen más que sus ganancias.