El gran desafío de la inflación

El gran desafío de la inflación
Los gremios piden aumentos salariales del 25 %, el gobierno -que niega el problema- le pone techo a las paritarias y cepo al dólar. Y los precios siguen subiendo.

“No vamos a hablar de cifras; no es serio”. El presidente de la UIA, José Ignacio De Mendiguren, respondió así cuando le preguntaron sobre los pedidos gremiales de aumentos salariales del 25 %.

“Que no sea un problema de posicionamiento interno de un gremio para que se ponga arriba de otro. Ya tuvimos eso en los ‘70, cuando Lorenzo Miguel (titular de la UOM) arreglaba, y lo que era el techo de un gremio después era el piso del otro. Eso terminó en el Rodrigazo”.

Los jóvenes entusiastas del modelo -y los críticos también- tendrán que preguntarle a sus mayores sobre ese fantasma que el titular de la UIA sacó a relucir en una entrevista del suplemento económico de Clarín.

El Rodrigazo fue una megadevaluación del 150 % en junio de 1975, por quien fuera ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, que aumentó tarifas hasta 100 % cuando los salarios crecían al 45 %.

La Argentina está lejos de ese escenario, pero fue un empresario “amigable” al modelo como De Mendiguren quien rescató el recuerdo, que tiene un condimento político que sí se emparenta más con la presente realidad del frente sindical: los gremios confrontaban entonces contra un gobierno peronista al que habían elevado al poder.

Lo que en todo caso reclamó el titular de la central fabril fue “buscar una pauta para la puja distributiva”. Guillermo Moreno ha advertido desde el avión presidencial en gira por Asia, que no habrá pacto social. Claro que la cuestión no quedará librada al libre mercado sino a la discreción gubernamental, aunque la “city” y las “góndolas” le están mostrando rebeldía a la Casa Rosada.

La estrategia oficial -mientras no se demuestre lo contrario- es mantener el techo rígido a los salarios mediante Ganancias y “sugerir” una pauta salarial del 20 %. Pero el sistema de precios parece no responder a esas moderaciones, tal como lo demuestra una temporada veraniega que está lejos del “lleno total” que imaginaron los propagandistas del modelo.

Fue Cristina en el muelle que recibió a la Fragata Libertad la que pidió a los empresarios moderar aumentos. Apuntó sin eufemismos al sector empresario; fiel a su costumbre de buscar culpables, los encontró allí, ya que -como se sabe- la expansión monetaria no genera inflación en los términos del relato.

Tal vez por eso hubo una reacción desde el otro lado del dedo índice de la presidenta. De Mendiguren reclamó que se incorpore el dato de la productividad antes de determinar el nivel de los salarios. Y ese será otro capítulo de diferencias con el gobierno. El sector fabril fue beneficiario de tarifas bajas y tipo de cambio competitivo; pero eso ahora ha cambiado, aunque tampoco se pueda decir.

No es igual para todos (y todas)

“No podemos tomar la pauta general del 20%, porque dentro de la industria hay 800 convenios distintos. El año pasado, intervinieron el Ministerio de Trabajo (de Carlos Tomada), la Secretaría de Competitividad e Industria (Débora Giorgi) en la discusión. Siempre vamos a llegar a acuerdos con el sindicalismo, pero hagamos planteos sector por sector, salgamos de los números iguales para todos”, dijo Ignacio de Mendiguren.

Por su parte el titular de la Cámara Argentina de Comercio -que sí discute un convenio nacional- marcó que “no sabemos cómo va a estar la economía en abril o mayo”.

Carlos de la Vega reconoció de todas maneras que “distinta es la situación de la modificación del mínimo no imponible en Ganancias. Es razonable que lo pidan ahora para llegar al momento de la paritaria al día”, expresó el dirigente empresario, apuntando a la decisión pendiente de la Casa Rosada.

Si Cristina elimina la mitad de lo que hoy grava sobre Ganancias en los salarios, recaudaría unos $ 4 mil millones que volverían a los bolsillos de los salarios formales más altos. El reclamo de De la Vega -igual al de los sindicalistas- es gravoso para el interés fiscal cuando el gobierno ya tiene las cuentas en rojo y prioriza la recaudación antes que los sueldos.

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