Un gremio que no se hizo lugar en los negocios del puerto

SUPA no logró, como el SOMU o los Camioneros, hacer pie en las concesiones del Gobierno.

El de Buenos Aires es el principal puerto del país que concentra el ingreso casi el 70% del total de las importaciones anuales.

Por sus dársenas y terminales, se movilizan alrededor de 1.000.000 de contenedores por año y desde la última década registra una marcada injerencia y participación gremial en las actividades y negocios que giran en torno a la prestación de los servicios puramente portuarios.

A diferencia del resto de los puertos del país que fueron transferidos a las provincias y municipios, la terminal capitalina sigue bajo la órbita del Gobierno nacional y con mínimas chances de ser transferido a la administración de la Ciudad de Buenos Aires en el mediano plazo.

Si bien el área portuaria se encuentra bajo el control de la estatal Administración General de Puertos (AGP), la operación logística y prestación de los servicios a los buques están en manos de tres concesionarias privadas: Terminales 1,2 y 3; APM Terminal 4 y Bactssa T5.

Pese a que es una de las entidades que más gente tiene relacionada con el puerto, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) –protagonista de los hechos de violencia de ayer– no ha logrado desarrollar una vía de negocios tal como hicieron el gremio de los trabajadores marítimos (SOMU) que conduce Omar “Cavallo” Suárez y la Federación de Camioneros que lidera Hugo Moyano.

Además de decidir qué barco entra o no al puerto, el ahora ultrakirchnerista Suárez logró quedarse con el manejo de las navieras Maruba y Marítima San Jorge.

En tanto, las huestes de Moyano-–por medio de la empresa Ivetra–desarrollaron el sistema interno de control de camiones y contenedores a cambio de un cobro de US$ 17 dólares por vehículo. Tras explotar ese negocio durante cuatro años, a mediados de 2012 los camioneros le vendieron las acciones a la empresa privada de logística y comercio exterior APC (Administrative Processing Center).

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