Gremios bonaerenses amenazan con paros en rechazo a una ley

Un proyecto regularía los descuentos salariales por créditos de mutuales
Los sindicatos que agrupan a trabajadores estatales bonaerenses manifestaron ayer un rechazo unánime y amenazaron con medidas de fuerza si avanza un proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados bonaerense -y se apresta a tratar el Senado- que se propone intervenir en el mecanismo de descuentos sobre los sueldos a docentes y empleados públicos de la administración provincial y de los municipios del distrito, tanto a quienes están en actividad como los que están jubilados.

La iniciativa establece un nuevo "régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal" y fija un límite máximo al costo de los créditos otorgados por sindicatos, mutuales, cooperativas, obras sociales y entidades oficiales a través del mecanismo de código de descuento.

En tal sentido, se eleva de 20 a 30 por ciento el tope máximo posible de descontar de los haberes.

Además, el proyecto crea un registro único de entidades, dependiente de la Jefatura de Gabinete provincial, y contempla que bancos y financieras privadas ingresen al sistema por el cual la provincia permite el otorgamiento de préstamos a los agentes y autoriza a descontar las cuotas de los recibos de sueldo.

Establece, asimismo, una serie de requisitos que apuntan al blanqueo y la bancarización de las operaciones de préstamos personales.

El proyecto, presentado por el diputado provincial Ricardo Lissalde (Alternativa Peronista) -que se anexó a otro similar promovido por el camporista José Ottavis-, fue aprobado por unanimidad en la Cámara baja durante la última sesión ordinaria del año pasado y posee moción de preferencia para ser tratado en la sesión del Senado del próximo jueves.

Una iniciativa similar promovió hace unos meses el gobierno nacional para los jubilados que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Pero ayer los gremios provinciales pusieron el grito en el cielo. Tras una reunión privada, dirigentes enrolados en la Federación de Gremios Estatales de la provincia de Buenos Aries (Fegeppba, que integran Salud Pública, Soeme, AERI, APOC, Gráficos, Obras Sanitarias, Prensa Bonaerense, Mensuales de Hipódromo, Aemopba, entre otros), en UPCN, la Federación Médica Platense, el Frente Gremial Docente (Suteba y FEB) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron en conferencia de prensa una total oposición a la iniciativa, a la que calificaron de inconstitucional.

EN PIE DE GUERRA

"Afecta el salario de los trabajadores estatales, lesiona derechos sindicales reconocidos en la ley nacional de asociaciones sindicales (N° 23.551) y busca disciplinar a los gremios", denunció Miguel Zubieta, secretario general del Sindicato de Salud Pública.

"No sólo regula los códigos de descuento, sino que también viola los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y la ley provincial de paritarias. Este proyecto centraliza todo el poder en el jefe de Gabinete, teniendo él autonomía de ir más allá que el propio Ministerio de Trabajo", completó el dirigente.

Los gremialistas firmaron un petitorio de cinco puntos en los que se establece requerir una audiencia con el gobernador Daniel Scioli, solicitar una convocatoria a una urgente reunión de paritarias, presentar una nota a la Cámara alta con el fin de que "cese con el tratamiento del mencionado proyecto", por entender que no es ése el ámbito adecuado para la discusión temática de fondo.

Finalmente advierten que, de no encontrar eco en las anteriores instancias, procederán a "llamar a la realización de medidas de acción directa". Además, dieron al gobierno provincial un plazo de 48 horas para expedirse sobre el asunto.

En diálogo con LA NACION, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, también rechazó el proyecto: "Es una iniciativa que no tiene el consenso de los trabajadores, que interfiere en la actividad gremial y fue aprobada entre gallos y medianoche".

El secretario general de Fegeppba, Fotios Cunturi, coincidió con su colega y denunció que "hay diputados y senadores que ni sabían que el proyecto se había aprobado. Evidentemente, hay una desprolijidad total y demuestra el desconocimiento de algunos legisladores que dicen que nos representan".

Para el gremialista, lo que se busca con este proyecto es "generar un negocio para el Estado", a la vez que "darle al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, superpoderes para desestabilizar cualquier gremio o utilizar el poder que el proyecto de ley le concede para presionar y censurar a cualquier entidad gremial sin mayor motivo".

"Eso es una falacia, no está planteado de ese modo" retrucó por su parte el diputado Ricardo Lissalde, autor de la iniciativa.

"Lo único que nosotros queremos es proteger el salario de los trabajadores de los usureros, que muchas veces son los mismos gremios o financieras que resultan ser propiedad de los propios sindicalistas. Hay personajes que tienen un negocio multimillonario y diseñado para perjudicar a quienes deberían defender, y por eso les molesta esta ley", disparó el legislador..

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