Los gremios estatales anotan los reclamos que elevarán al PE Mala liquidación y falta de titularización.

El acuerdo salarial que había fijado en marzo un aumento promedio de un 34% en los haberes de los empleados públicos trajo paz al Poder Ejecutivo. Sin embargo ahora se avecinan nuevos conflictos porque los gremios sostienen que el Gobierno no cumplió con los demás temas acordados en aquella paritaria de principios de año.
Los primeros en quejarse fueron los empleados de las comunas rurales y el personal auxiliar que trabaja en las escuelas. En julio, por un error en la facturación, cobraron entre $ 90 y $ 170 menos de lo que les correspondía con el aumento, según denunciaron.

"El área de Cómputos reconoció la falla y cubrió la diferencia con boletas adicionales que se pagaron hace una semana", detalló Luis Albornoz, secretario adjunto de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El problema surgió cuando otorgaron la suba correspondiente a julio. En la paritaria de marzo, se acordó que el aumento se concedería escalonadamente: un 12% en marzo; un 11%, en julio; y otro 11%, en septiembre. "Al incluir en el básico la cuota de julio quitaron las cifras no remunerativas. Eso causó el problema", añadió Albornoz.

Pero el descontento de los agremiados a UPCN no viene sólo por la mala facturación. "Las asignaciones familiares se están pagando, pero sin actualizar el aumento que se otorgó", continuó. Por último, el gremialista se refirió a la titularización de los contratados. "Hay 2.000 compañeros que esperan que se firme el decreto de titularización, pero por el momento no hay novedades de que eso ocurra", concluyó Albornoz.

Ante una consulta de LA GACETA, fuentes del PE confirmaron la versión del sindicalista, aunque señalaron que el número de empleados en esa condición es menor al indicado por Albornoz.

En el Siprosa

Los profesionales y trabajadores de la salud también están alertas. El sueldo de agosto ya fue habilitado en sus cuentas pero tienen un problema similar al que perjudicó a los empleados de las 93 comunas rurales de la provincia.

"Ya habíamos advertido al Ministerio de Salud que esto podía suceder y que afecta al personal administrativo del 'nivel D'. Sin embargo, no tuvimos respuestas. Por eso los empleados cobraron sus sueldos con una diferencia en contra que oscila entre los $ 150 y $ 200", señaló Julian Nassif, referente del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas). En este sentido, desde el gremio de los autoconvocados reiteraron que en marzo pidieron al Gobierno que modifique la ley con la que se calculan sus sueldos.

"La última vez que hablamos de este tema fue en marzo, cuando nos reunimos con la comisión de Salud de la Legislatura. Sin embargo, en todos estos meses no volvimos a ser citados. Nuestra intención es que se cambie la ley para que en las próximas paritarias se calcule el aumento con una nueva normativa", añadió la titular del sindicato, Adriana Bueno.

En este contexto, el médico José Luis Allori, titular de la Asociación de Médicos Empleados (AME), destacó que no se incrementó el ítem que cubre el seguro por mala praxis que resguarda a los médicos. "En marzo acordamos con el Gobierno que se subiría el monto de $ 140 a $ 200, pero todavía no lo hicieron. Estamos dialogando para que se acelere la firma de este decreto", señaló Allori.

Sumado a esto explicó que a pesar de que el cierre de las paritarias otorgó una suba importante (un 34%) los impuestos neutralizan el aumento. "Ganancias se lleva un 40% del incremento salarial, eso provoca que el sueldo de bolsillo sea una cifra muy menor al que esperaban los trabajadores", concluyó el dirigente.

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