Diego Lanese.

A dos semanas de dejar el poder, el ex presidente Mauricio Macri firmó el decreto que formalizó la puesta en marcha del denominado Registro de Alta Dirección Pública, una propuesta para darle estabilidad laboral a unos 2.500 empleados jerárquicos del Estado nacional. Pese al rechazo general de los gremios –que incluyó una presentación judicial –la propuesta se puso en marcha con el aval de UPCN, el sindicato que lidera Andrés Rodríguez, integrante de la CGT. Antes de asumir, el actual jefe de Gabinete Santiago Cafiero adelantó su rechazo al registro, en un encuentro con la cúpula de ATE.

Este viernes, la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, confirmó esta decisión, por lo que en breve se suspenderá el decreto que habilitó este privilegio, que permite que empleados con salarios de hasta 250 mil pesos puestos en la administración pública por cambiemos. La medida fue festejada por los gremios, que sospechan que los beneficiados son “simpatizantes” del gobierno saliente, y que su tarea puede ser “entorpecer” las nuevas medidas que se tomar. Admiten que hay que analizar si hay “derechos adquiridos” que les permita a estos empleados reclamar algún tipo de compensación.

El decreto 788 firmado por Macri a 14 días de dejar la Casa Rosada puso en vigencia el Registro de Alta Dirección Pública, que acordó con UPCN para dar estabilidad por cinco años a personal jerárquico de distintas dependencias del Estado nacional. Se trata de puestos con salarios de hasta 250 mil pesos que fueron ocupados por personal ingresado en la gestión Cambiemos, que a partir de este registro lograban estabilidad laboral, y si eran despedidos tenían derecho a ser indemnizados.

“El decreto implica una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado”, sostuvo en declaraciones periodísticas Castellani, confirmando la promesa anterior a la asunción, sobre eliminar este instrumento. El régimen, agregó la funcionaria, dispone “una carrera paralela con una exclusiva escala remunerativa, flexibilizando los requisitos de formación y experiencia acreditables para acceder a la alta dirección pública, además de garantizar la posesión de los cargos por un período de 5 años o, en su defecto, una indemnización fuera de toda proporción”.

“No hay derogación del decreto, sino una suspensión de su aplicación”, le explicó a Gestión Sindical una fuente del ATE, que había pedido la medida en una reunión con Santiago Cafiero previa a la asunción como jefe de Gabinete. La misma fuente anticipó que “la semana que viene la comisión que aprobó este régimen se va a reunir para revistarlo, y transformarlo en algo que tenga lógica y sea potable para los estatales”. Esto podría llevar “hasta seis meses”. Cuando se comenzó a hablar de este registro, ATE sostuvo que el objetivo final era dejar una serie de “personas afines a Cambiemos”, que pudieran entorpecer la gestión que se inició esta semana. Antes de que salga del gobierno Macro, el gremio presentó una carta donde reclamó que se dé marcha atrás con la medida, por considerar que entre otras cosas “crea una paritaria propia, de elite” para esos empleados jerárquicos. Además, otorga estabilidad laboral por cinco años, y “flexibiliza el ingreso”, afectando el derecho a la carrera administrativa de los trabajadores estatales.

Cuando se presentó el registro, desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) presentaron un recurso de amparo, que en primera instancia fue rechazado, pero que se encuentra a la espera de una resolución de segunda instancia. “Como venimos diciendo con un simple acto administrativo se puede dejar sin efecto el registro, esto sería a través de un decreto”, analizó por su parte Rubén Ramos, secretario general de la entidad. En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente aseguró que “después hay que analizar si hay algún tipo de derecho adquirido”, respecto de los empleados jerárquicos incluidos en el registro.

Esto quiere decir, explicó Ramos, “si hay algún concurso que se haya llevado acabo y que tuviera los seis meses en el cargo que prevé el acta acuerdo que fuera homologado por el decreto que se quiere remplazar”. El amparo presentado por la AGAE reclama la “nulidad y la inconstitucionalidad” del registro. A principios de diciembre, la cámara que debe definir el recurso le pidió al tribunal algunos antecedentes, así que Ramos consideró en ese momento que “se está tratando, y ahora resta esperar la resolución”. El registro acordado con UPCN generó un nuevo escalafón, y según Ramos muchos jerárquicos ya concursaron para quedar dentro de él, y así confirmar su puesto antes que asuma el próximo gobierno.

En tanto, desde la Jefatura de gabinete precisaron que para el presidente Alberto Fernández es “vital” construir un nuevo sistema que “jerarquice las funciones y el acceso a los altos cargos dirección, respetando la capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para ser un buen servidor público”. En su momento, desde el macrismo defendieron el registro, y negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que “promueve un sistema de concursos más transparente”. Pero los gremios insistieron en su rechazo, que fue escuchado por el actual gobierno.