La puja paritaria, donde los trabajadores exigen el 32% de aumento y mejorar el convenio de trabajo, ante la resistencia empresaria, restringirá prestaciones en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Chaco durante las próximas horas. Así lo certificaron tanto el dirigente gremial encolumnado en la CGT que lidera Antonio Caló y también en forma indirecta el Gobierno, al ordenar que empresas y sindicatos deberán garantizar “la prestación mínima o se aplicarán sanciones” (ver recuadro). Roberti, además de liderar esa federación, es diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Massa. Tal condición amerita, según el Gobierno, que haya fundada suspicacia para considerar el “impacto” político del conflicto. La Casa Rosada traza hipótesis de que hacer blanco en la “imagen del oficialismo” en tiempos de previa electoral será una constante hasta octubre.

Para Roberti los argumentos de la medida de fuerza son simples y concretos. Apuntando a las empresas, Shell, Total, YPF entre las principales aseveró que desde ese estamento de la negociación colectiva “sigue sin hacer un ofrecimiento y ni tienen en cuenta el pedido de cambio del convenio colectivo”. De allí que la medida de fuerza seguirá adelante, sin perjuicio que la huelga ocasionará “interrupciones en el suministro de gas en Buenos Aires, Mendoza, Chaco y Santa Fe‘, según expresó el sindicalista y diputado nacional.

Roberti consideró que no solo lo preocupa la tensión de las negociaciones y dijo: “no me pueden hacer cargo de esta situación porque yo la sufro”. Y acotó que las empresas más importantes del mercado “no tienen definida una propuesta de aumento salarial”.

“No llegamos a ningún acuerdo con las empresas petroleras por paritarias y no tenemos alternativa al paro”, concluyó Roberti.

UTA

Las negociaciones de la Unión Tranviarios Automotor también se extendieron en la víspera, pero con posibilidades de llegar a un acuerdo en las próximas horas. En esa consideración el gremio de choferes que encabeza Roberto Fernández, que pretende un aumento salarial del 32%, pospuso la medida de fuerza que había anunciado para esta jornada. En esta discusión el Gobierno asumió de pleno que no sólo monitorea la deliberación sino que en base a los subsidios al transporte público, tiene pleno derecho a intervenir con las mismas atribuciones que el sector patronal.

La relación del Ejecutivo con la UTA viene deteriorada por la posición de enfrentamiento que alineó a esa organización con los sindicatos del Transporte que, en bloque, decretaron los últimos paros generales en todo el país.