Gremios piden monitorear fondos de obras sociales

Gremios piden monitorear fondos de obras sociales
La CGT de Caló negociará esta semana con la superintendenta de Servicios de Salud para recuperar protagonismo

Por: Mariano Martín

La inclusión de sindicalistas en los organismos de previsión social será uno de los ejes de esta semana para la CGT oficialista. Se trata de uno de los postulados que dieron origen a la nueva central obrera, liderada por el metalúrgico Antonio Caló. Con ese objetivo en vista, una delegación de esa organización mantendrá una reunión con la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld.

Los dirigentes deberán resolver con Korenfeld dos temas centrales: la modificación de la Resolución 1.200 de la Superintendencia, que luego de las críticas de todo el arco sindical fue suspendida en su aplicación hasta este viernes, y un pedido elevado a la funcionaria para formar un Comité Consultivo de análisis de los expedientes por reintegros de fondos a las obras sociales sindicales.

La agenda del sector más afín al Gobierno incluye, además, una eventual reunión con Cristina de Kirchner para antes de fin de año, en la que la expectativa está puesta en el compromiso oficial de anunciar, para 2013, la presentación de un proyecto legislativo de reforma integral del Impuesto a las Ganancias. Y también, un encuentro con el director ejecutivo de la ANSES para concretar cambios en el régimen de asignaciones familiares.

Sobre la base de posibles avances sobre estos puntos, la CGT oficialista espera recuperar el protagonismo perdido respecto de Hugo Moyano con el paro nacional que llevó a cabo el camionero el 20 de noviembre junto con otros sectores gremiales y políticos disidentes. En la misma línea se inscriben las declaraciones de dirigentes como Gerardo Martínez (albañiles, UOCRA), que reeditaron la posibilidad de una unificación entre ambas centrales. Aunque el diálogo se mantiene en algunos niveles entre los sectores gremiales rivales, el mensaje conciliador estuvo más orientado a la jefa de Estado, como señal de advertencia.

Los contactos de la nueva CGT con Korenfeld fueron alentadores para la visión de los dirigentes. Luego de haber logrado el reconocimiento de $ 2.000 millones de la deuda que el Estado mantiene con las obras sociales (sobre un reclamo total de $ 20.000 millones), los gremialistas consiguieron frenar por dos meses la Resolución 1.200, que daba de baja reintegros por tratamientos sobre discapacidad e incrementaba el cepo a la distribución de fondos públicos. Y en el medio, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) gestionó con la funcionaria la creación de un padrón de afiliados discapacitados para reembolsar de manera automática los costos de sus tratamientos.

Esta semana, Lingeri y técnicos de las obras sociales negociarán con Korenfeld el resto de las modificaciones a la resolución. Y la eventual integración de gremialistas en las áreas de control de la Superintendencia. No será, como aspiraba Oscar Lescano (Luz y Fuerza), el nombramiento de cargos directivos, sino de un órgano de evaluación de los expedientes presentados por las obras sociales y de los mecanismos de distribución de los recursos por parte de la repartición pública.

De hecho, la pretensión es que las decisiones del eventual comité consultivo sean no vinculantes, pero que al menos tenga acceso al destino de los fondos. La Superintendencia quedó bajo control exclusivo de Cristina de Kirchner desde marzo, con el nombramiento de Korenfeld, y del desplazamiento de funcionarios alineados con Hugo Moyano y con otros sindicalistas. El mayor temor de los dirigentes es la influencia en el órgano del jefe del PAMI, Luciano Di Césare, a quien le asignan proyectos de estatización de los fondos de las obras sociales.

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