Los gremios salieron a rechazar la venta de los terrenos de la Isla Demarchi que autorizó Mauricio Macri por decreto y no descaran medidas de fuerza.

La isla Demarchi es un predio de 12 hectáreas lindero a Puerto Madero, ubicado en la Dársena Sur frente al barrio de la Boca. En 2012, Cristina Kirchner anunció un faraónico proyecto para transformar la Isla, en la que funcional Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables y la Escuela Naval Fluvial, en un Polo Audiovisual, una suerte de "Hollywood Argentino".

Luego de un concurso de anteproyectos, el kirchnerismo eligió a través de la Anses un masterplan de Riva S.A. que contemplaba la construcción de un edificio de 67 pisos, una obra que nunca se inició.

El viernes pasado, Macri firmó un decreto que dejó sin efecto el trunco Polo Audiovisual y lo reemplazó por un proyecto para construir un "Polo de Desarrollo Urbano".

El artículo 8 del decreto de Macri faculta a la Administración de Bienes del Estado (AABE) a desafectar terrenos del Estado Nacional "necesarios para el mejor desarrollo del Polo de Desarrollo Urbano". El artículo 4, en tanto, estipula que el desarrollo del Polo "se realizará principalmente a través de la inversión privada".

Tal como hicieron cuando Cristina lanzó el Hollywood Argentino, los gremios que tienen actividad en la Isla Demarchi salieron a oponerse a la medida de Macri y denunciaron que busca privatizar la isla.

"Es todo muy lindo, te invitan a dialogar, te dan gaseosa y masitas y después nos desayunamos un decreto con el que venden la isla en donde trabajamos", aseguraron a LPO desde la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), que conduce Juan Carlos Schmid, uno de los tres líderes de la CGT. "Ni Cristina se animó a tanto", dispararon.

Desde la Federación indicaron que se reunirán la semana próxima por este tema y no descartan convocar una movilización para rechazar la venta.

En tanto que desde el Observatorio del Derecho de la Ciudad adelantaron que denunciarán penalmente a Macri por este decreto, puesto que consideran que el presidente no puede disponer la venta de los terrenos nacionales sin pasar por el Congreso.