Gremios de la salud y el Gobierno intentan acordar por los servicios mínimos

La Subsecretaría de Trabajo convocó para este mediodía a los representantes paritarios de Ampros, ATE y del Gobierno provincial, en un intento de que se acuerden los porcentajes de prestación de servicios en los hospitales y centros de salud, durante la huelga del jueves 10 y viernes 11.
Nadie aventura que se pueda llegar a un entendimiento ya que el Ejecutivo propondrá un nivel de servicios que supere al de los domingos y feriados, mientras los gremios insistirán en sostener únicamente hasta ese nivel de prestaciones.

En caso de que no se alcance un entendimiento, el Gobierno solicitará un dictamen a la Comisión de Garantías que funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, compuesta por cinco miembros especializados en derecho del trabajo.

Este organismo -según reza la normativa vigente- "definirá el servicio mínimo que debe cumplirse durante el desarrollo del conflicto, procurando resguardar tanto el derecho de huelga como los derechos de los usuarios afectados".

Según trascendió, en el Ejecutivo estudian impulsar que las medidas de acción directa no puedan exceder los dos días a la semana ya que "deberán ser anunciadas con una antelación de cinco días corridos, a fin de facilitar la reprogramación de las prestaciones".

Que durante los días de huelga "será obligatoria la concurrencia de los jefes de servicio y de los directores de los centros de salud para cumplir sus funciones dentro de los horarios normales y habituales de atención". Y que "todos y cada uno de los médicos deberán permanecer en guardia pasiva durante el período de la huelga".

Derechos contrapuestos

El Ministerio de Salud intentará que "los servicios de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto, así como de los niños, ancianos y personas discapacitadas no tengan restricciones que impliquen desconocer obligaciones asumidas por el Estado ante la comunidad internacional".

Se descuenta que la dirigencia sindical centrará sus argumentos en la defensa del derecho constitucional de huelga.

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