No hizo falta que el hombre rompiera el vidrio con el martillo. La situación, grave, aún no era de emergencia.

De todos modos, el hombre sacó el matafuegos y esparció la carga sobre el principio de incendio.

Con sonrisa ensayada, tono amable y palabras rigurosamente estudiadas, Juan Carlos Massei, ministro de Gobierno de Córdoba, salió a extinguir las llamas del conflicto entre Policía y Justicia. “No hay ninguna polémica con la Justicia, no hay ningún cortocircuito”, dijo días atrás, tras el acto por el día de la Policía.

 

De paso volvió a insistir con que la pobreza es hija de la exclusión, lo útil que es la Policía Barrial, las inversiones en compra de patrulleros, y remató con que Córdoba es una de las provincias menos violentas, y que no creció el delito.

 

Imposible no preguntarse qué habrán sentido las víctimas de la inseguridad y de la violencia de Córdoba al escuchar eso.

Lo cierto es que el funcionario político salió a calmar las aguas antes de que todo se descarrilara.

Horas antes, el subjefe de la Policía provincial, Gustavo Folli, había salido a blanquear, con todas las letras, un viejo enfrentamiento entre la fuerza de seguridad y la Justicia cordobesa.

El comisario había criticado aquello que entiende como “la puerta giratoria”. “En 2017, hemos realizado 19.900 detenciones por delitos. ¿Cuántos eran reincidentes? Un montón. La Justicia también tiene que hacerse cargo”, expuso.

Desde hace años, la Policía y los encargados políticos de la seguridad rumian fuera de micrófono y le recriminan a la Justicia no trabajar a la par contra el delito, atender mal a quienes hacen las denuncias y, principalmente, “liberar” a los detenidos.

Años atrás, de hecho, ya se había quejado al respecto, y con durísimos términos, el por entonces jefe de Policía Julio Suárez, quien recibió una andanada de respuestas judiciales que lo mandaron a silencio. Más aún cuando fue enviado a juicio por amenazas a un periodista.

Ahora, en estas semanas previas a fin de año, la inseguridad volvió a mostrar su peor cara en Córdoba con una sucesión de violentos episodios, como crímenes y asaltos con heridos.

Así fue que el subjefe de Policía, por su claridad, se convirtió en voz oficial de la fuerza y del Gobierno. No hay que ser ingenuos: todo indica que el Ejecutivo cordobés le dio luz verde al comisario general para que saliera a pegarle a la Justicia y blanqueara ese malestar que arrastra desde hace tiempo.

Y Folli volvió a hablar de esa supuesta “puerta giratoria”.

La Fiscalía General de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia optaron por prudencial silencio.

Sin embargo, fue la Asociación de Magistrados de Córdoba la que salió a responder a la Policía, a negar “la puerta giratoria” y a decir que esas críticas generan intranquilidad en la población.

Un fiscal de forma particular, Marcelo Hidalgo, fue sutil: recordó al comisario Pablo Márquez, quien fue condenado años atrás por abuso de autoridad. Mandaba a sus patrullas a “cazar” inocentes para inflar estadísticas y demostrar productividad.

Por lo bajo, no fueron pocos los fiscales que se mostraron molestos porque su jefe, Alejandro Moyano, no salió a defenderlos y a decir que la Policía muchas veces detiene sin pruebas y que sus operativos repetidamente son fiascos.