Guiño a los rivales de Moyano por las obras sociales

Serán recibidos por la funcionaria a cargo de los fondos para tratar la deuda que reclaman

Por Nicolas Balinotti |

La Casa Rosada ofrece nuevas señales para consolidar a la CGT que rivaliza con Hugo Moyano como su principal y casi único interlocutor sindical.

Esta vez, y por orden directa de la presidenta Cristina Kirchner, los gremios alineados al Gobierno recibirán una respuesta a sus demandas por el pago de una millonaria deuda que el Estado mantiene con las obras sociales sindicales.

En principio, una comitiva de gremialistas se reunirá la semana que viene (aún no hay precisiones sobre qué día) con Liliana Korenfeld, a cargo de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) desde marzo pasado y quien administra los fondos de las obras sociales sindicales. El encuentro se iba a realizar ayer, pero la funcionaria lo postergó porque antes debía consensuar con la Presidenta los posibles ofrecimientos a los sindicatos para cancelar el pasivo.

Korenfeld intentará mostrar voluntad para activar un mecanismo de reintegros más ágil y transparente en lo vinculado al retraso de pagos de la desaparecida Administración de Programas Especiales (APE), ahora absorbida por la Superintendencia.

Y en cuanto al pago concreto de la deuda, elaboró una propuesta junto con el director del PAMI, Luciano Di Césare, pero que aún no fue comunicada a los sindicatos. Aunque de acuerdo con fuentes de la Superintendencia, una alternativa sería ofrecer un pago del 17% (unos 340 millones) para anular el total del pasivo, que alcanzaría unos 2000 millones de pesos.

Desde diferentes gremios, ya advirtieron que no aceptarán esta cifra. Sin embargo, Korenfeld apuesta a negociar mano a mano con cada obra social e intentar reducir el rojo financiero.

Abrió el camino a esta nueva negociación el tono duro de una carta que le envió Antonio Caló a Korenfeld. El jefe de la UOM planteó los problemas de financiamiento de la prestadora médica de su gremio y reclamó la necesidad de agilizar los pagos provenientes de la APE. Por los tratamientos de alta complejidad, la UOM aporta unos 6.000.0000 de pesos al mes al organismo, pero no recibe los reintegros, según precisó un dirigente de peso de los metalúrgicos.

"Tenemos que encontrar una solución porque las obras sociales no se pueden financiar. Estamos muy apretados. El sistema [de reintegros] es un poco lento y hay que mejorarlo. No digo que no sea transparente, pero hay algo que no funciona", dijo Caló a LA NACION.

Con respecto a los tratamientos de alta complejidad, los gremialistas Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) acercaron una propuesta cuando aún existía la APE. En su momento, propusieron que se empadronara a los enfermos crónicos y que el subsidio estatal fuera directamente al afiliado, sin necesidad de que la obra social administre el dinero. La semana próxima volverán a la carga con la iniciativa.

La jugada de Moyano

Diferente será la estrategia de Hugo Moyano. Con los canales de diálogo minados y enfrentado como nunca antes con el Gobierno, el jefe camionero ya activó una demanda judicial para exigir el monto que le correspondería a su gremio. Aspira a que sus aliados lo imiten y que se levante una ola de juicios en reclamo de la deuda.

El malestar por los fondos retenidos de la APE y la deuda acumulada en el Fondo Solidario de Redistribución se extiende de manera unánime entre los gremialistas, sean moyanistas o sus opositores. Desde ambas CGT piden desde hace dos años el pago de una millonaria deuda. Por ambos conceptos, consideran que el Estado les adeuda aproximadamente unos 14.000 millones de pesos.

A TOMADA NO LE GUSTÓ LA PARITARIA RÉCORD

El documento con el acuerdo salarial entre el gremio de los visitadores médicos y la cámara empresarial generó un revuelo en el Ministerio de Trabajo. Las partes acordaron anteayer una suba del 35%, lo que elevó el sueldo básico a $ 9300, con una extra no remunerativo de $ 3000. Fue la paritaria récord, muy superior a la media de otros sindicatos, que osciló entre el 20 y el 23%. El ministro Carlos Tomada, que se alteró al percibir el monto del aumento, tendrá un plazo de 30 días para aprobar o rechazar el acuerdo. Al ver la reacción del funcionario, los gremialistas daban como un hecho que el ministerio no homologará la paritaria..

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