Los trabajadores de Calme Pesquera, que habían denunciado el “vaciamiento” de la empresa, que les adeuda dos quincenas de su salario, se reunieron ayer en esta capital con el titular de la firma, con funcionarios del sector, legisladores y con el gremio que los representa, que es el Sindicato de Industrias de la Alimentación (STÍA).

El encuentro, que comenzaría por la mañana, se postergó y arrancó a las 13, en las dependencias de la secretaría de Pesca.

Allí el empresario Enrique Castro Arán (que llegó especialmente desde Mar del Plata, que es su lugar de residencia) manifestó que la planta atraviesa una crisis financiera, y que no está en condiciones de abonar lo adeudado.

“Castro Arán manifestó que su intención es seguir, porque en total de la firma dependen 180 obreros (117 de Calme y el resto de la pesquera Río Salado, que operan en conjunto) pero que no posee el dinero como para hacer frente a la reactivación, aunque si se posibilita que los obreros vuelvan a trabajar se podría retomar la producción y con eso ir reconstruyendo la cadena productiva” informó uno de los participantes del cónclave.

Promesa provincial

En este marco, y ante un pedido concreto del STÍA, el gobierno provincial se comprometió a evaluar la posibilidad de otorgar una ayuda financiera para cubrir la deuda con los trabajadores, y posibilitar que se reactive el trabajo en la planta.

Actualmente, según se informó, ese monto adedudado ronda los $600.000.

Con respecto al aporte provincial, la misma fuente que estuvo en el encuentro entre gremio, legisladores y funcionarios manifestó que “hasta ahora no se mencionaron cifras, pero la idea es otorgar esa ayuda”.

El tema terminaría de definirse el lunes próximo, debido a que la reunión de ayer pasó a cuarto intermedio y se retomará ese día a partir de las 15.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los trabajadores locales, porque tanto Calme como Río Salado, la otra firma que trabaja asociada a la planta, nuclean a la mayor parte de los trabajadores pesqueros de la ciudad portuaria.

Deuda salarial

$ 600.000 es lo que debe la empresa a los trabajadores por dos quincenas que no fueron saldadas en término.