“Cuando entré, yo no sabía cuánto les iba a tener que pagar. Ahora, ellos no saben cuánto van a cobrar”. La frase pertenece al intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora. Los que “no saben” son los gremialistas del Suoem, el sindicato municipal. El intendente se lo dice a sus colaboradores más importantes para expresar que la dura pelea que mantiene con el gremio es, cómo no, financiera, pero también política.

Llaryora quiere las dos cosas que todos sus antecesores buscaron y no lograron. Una, es frenar la sangría que se lleva todo el presupuesto en sueldos y que no permite invertir ni una moneda en obras. La otra, es recuperar el poder político y administrativo sobre el municipio, que siempre ha estado en las manos del sindicato más que en las de los funcionarios elegidos por los vecinos.

Dos montoncitos

La jugada no empezó en los golpes y contragolpes que Llaryora viene cruzando con el sindicato en los últimos meses. Algunas estocadas estaban ya escritas en el paquete de 46 ordenanzas que hizo aprobar al inicio de su gestión y que todavía nadie ha leído por completo.

Un estrecho colaborador del intendente desnuda cuál es la meta soñada: llegar a cubrir los gastos corrientes (o sea los sueldos) con todo lo que la Municipalidad recauda por sí misma. Y poder destinar el resto (lo que queda de la coparticipación una vez descontados los aportes del personal a la Caja de Jubilaciones y los aportes a fondos específicos) a inversiones y obras.

Un ticket a El Panal

Llaryora va a morderse la lengua antes de decirlo, pero es obvio que su legítima meta es la gobernación. Como todos sus antecesores, sabe que la Muni es una silla eléctrica en la que tres sindicatos (Suoem, choferes de UTA y recolectores de Surrbac) cocinan a los intendentes desde hace 21 años.

Pero, como todos ellos, Llaryora también se ha sentado en la silla porque sabe que, si derrota a los sindicatos y rompe el maleficio de la decadencia vecinal, el premio será un ticket casi directo a El Panal.

Pero, claro, primero hay que transformar el nivel estatal más disfuncional del territorio cordobés. Con el Surrbac hibernando tras el golpe sufrido por su conducción y sin abrir un frente con la UTA (reclaman juntos subsidios a la Nación), Llaryora no le ha dado respiro al Suoem.

Patadón en el hormiguero

Desde que asumió se terminó el ajuste automático de sueldos a la inflación, cayeron las horas extras, se dejaron de pagar jornadas extendidas y se le dio más tareas a la competencia informal de los chalecos celestes.

Llaryora reemplazó a inspectores con abogados monotributistas, está dejando caer contratos que vencen justo hoy, redujo en 14% la jornada laboral y el sueldo del 60% de los municipales, destituyó a 185 jefes interinos, eliminó vacancias, caducó las chapas de centenares de inspectores, abrió retiros voluntarios y quiere pasar cientos de empleados del sector educativo en situación pasiva al plantel general.

No se recuerda un patadón así en el confortable hormiguero municipal, donde reina un sindicato que recibe varias decenas de millones al mes en cuota sindical.

“Ahora hay que hablar con el intendente”

Un alto funcionario del municipio intenta mostrar el impacto de cada cosa. Ejemplifica: cada inspector que perdió su chapa perdió también el 30% de su sueldo. “Es inédito”, dice. Genera una rispidez desconocida dentro del sindicato, que observa con estupor que un abogado monotributista con experiencia “cuesta un tercio de lo que cuesta un inspector sin título universitario”, dice el funcionario.

Muchas chapas se van a restituir. “Pero se acabó eso de que las chapas se daban si el sindicato daba el visto bueno, ahora tendrán que hablar con el intendente o con quién él diga”, agrega la fuente.

Lo mismo sucede con las jefaturas interinas, donde también, dicen, decidía más el gremio que los intendentes.

Lo dicho: no se trata sólo de plata. Es el control del municipio y el poder que eso implica lo que está en disputa. Es tanto House of cards como Billions.

Gracias, cuarentena

La cuarentena ha sido una ayuda inestimable. La protesta municipal afecta a los servicios, pero esta vez ayuda varias cosas. Una, es que la recolección de la basura funciona. “Ramón Mestre pudo haber prorrogado los contratos vencidos y evitarse un quilombo pero dejó resuelta una buena licitación”, reconocen en el departamento ejecutivo.

Y, en cuanto a lo que no funciona, los vecinos no saben muy bien si es culpa de la plaga de Egipto o de la guerra que se pelea en el municipio.

Tres hojitas de Excel

¿Qué quedará de todo esto y qué no? Todo indica que el municipio ha hecho dos ajustes estratégicos a los que no piensa renunciar: la reducción de jornada y sueldos y el delay de los sueldos respecto de la inflación. Lo demás puede ser parcialmente negociable.

¿Cómo le está yendo? Los números están en tres hojitas de Excel que Llaryora se hace imprimir todos los días y que no muestra a nadie. Dicen que ahí figura un ahorro acumulado en sueldos, de enero a junio, de unos 750 millones de pesos.

Después de la Anses, la Caja

El intendente evalúa otras medidas. Y esta vez la víctima no será el Suoem. Con el Surrbac y con la UTA le tomó el gusto a pagar sumas no remunerativas y, por ende, a ahorrarse aportes previsionales. En estos casos no hubo mayor problemas porque recolectores y choferes aportan a la Anses, un agujero negro que nadie mira demasiado.

Pero ahora podría suceder algo parecido con parte del salario de los municipales. Y acá la afectada sería la Caja de Jubilaciones. Se supone que eso no le va a gustar al gobernador Juan Schiaretti, a menos que le haya dado un visto bueno.

Por si esa luz verde no existe, en la Municipalidad pulen argumentos. Uno es que ya con el tope del salario del gobernador muchos jubilados provinciales sufrieron un ajuste. Y como los salarios municipales son tan altos, muchos de esos afectados fueron jubilados municipales. “Es algo por lo que en su momento aportó el municipio y nunca se benefició del ahorro”. El mismo argumento vale para la reforma previsional provincial, que también afectará a las jubilaciones altas, escalón que tienden a ocupar municipales, judiciales, bancarios y ex empleados de Epec.