Empleados judiciales de todo el país paralizarán los tribunales hoy por 36 horas en rechazo al traspaso de algunos juzgados de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La medida de fuerza, que ya había sido llevada adelante por lapsos menores desde la firma de los convenios entre Nación y Ciudad, (incluyendo un lock-out de los propios jueces) será la mayor desplegada por el gremio de judiciales, que conduce Julio Piumato. También marca un quiebre en la relación del sindicalista con el Gobierno, a quien le había ofrecido simpatía tras su salto del kirchnerismo. El planteo, que tendrá movilización desde el Palacio de Justicia hacia el Congreso, donde -a la par de los magistrados- intentarán un lobby para que los convenios no sean refrendados, tendrá apoyo de otros gremios aliados de la CGT, como Camioneros, lo que permitirá magnificar el poder de convocatoria.

El 3 de febrero existió una medida análoga pero que se extendió por una jornada. Ese mismo día, un nutrido grupo de jueces y fiscales representados en la Asociación de Magistrados ofrecieron una postal única, al reunirse en asamblea en la planta baja del Palacio de Tribunales. Ahora, el paro fue convocado por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, y paralizará la actividad de juzgados, fiscalías y defensorías desde las 10 de hoy y hasta el jueves. El miércoles la instrucción es que nadie se presente en los lugares de trabajo, y recién se retome la actividad al día siguiente. Incluye no sólo la Capital Federal, sino las provincias y las dependencias donde funciona la Justicia federal. Ayer los tribunales federales de Comodoro Py amanecieron tapizados de afiches con la convocatoria, que ha encontrado una férrea resistencia oficial, cuya decisión política es avanzar a como dé lugar con el traspaso. De hecho, los convenios ya ingresaron a la Legislatura porteña (con trámite favorable asegurado) y en el Senado.

Una vez refrendados, se pondrá en marcha la migración de los juzgados vacantes de la Justicia penal ordinaria. Será la primera etapa, que encuentra el epicentro de la resistencia en la Justicia del Trabajo, cuya inclusión en el paquete de traspaso aparece lejana, pero que apunta a resistir ante la denuncia de la supuesta intención oficial de desarticularla. Los jueces ya se están anotando en reuniones privadas con senadores para ejercitar el lobby y lograr que la Cámara alta congele la iniciativa. Desde la comisión directiva de la UEJN también trajinan pasillos para expresar su posición a los bloques de la oposición. El acto central de la movilización, culminará hoy ante un escenario montado frente al Congreso, donde Piumato será orador, y se especula -traccionado por las bases- cuál va a ser el tenor de su discurso de despegue del Gobierno. 

Parte de la alarma que esgrimen los gremialistas la dio el texto de ratificación de los convenios de traspaso de la Justicia penal y del consumo, que a su entender brinda carta blanca para migrar el resto automáticamente sin necesidad de volver al trámite parlamentario, mediante la modificación de un punto clave de la Ley Cafiero. Se dispone así que la Justicia Nacional mantendrá competencia ordinaria en la Ciudad "hasta tanto ese ejercicio sea transferido total o parcialmente y asumido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante los procedimientos que se celebren entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". La modificación de esa norma era la base del proyecto oficial, revelado por Ámbito Financiero en junio pasado, que no logró salir de la mesa de entradas del Senado.

Desde la cartera de Justicia porteña rechazaron los argumentos. Jorge Enríquez apuntó algo que no es desconocido, sobre todo para los jueces, y es que la Corte Suprema ya lleva tres fallos en los que ratificó que el dominio de esos tribunales es el de la Ciudad y que sólo restaría suscribir más convenios para que toda la Justicia nacional pase a ser porteña.