¿Indemnizaron a ex trabajadores de Astillero Unión?

¿Indemnizaron a ex trabajadores de Astillero Unión?
Existiría un acuerdo entre el SAON y ex directivos de la empresa para arreglar la salida de una treintena de trabajadores para evitar futuras protestas. Colección de desaciertos en un predio donde no reina la paz social.

Para evitar futuros reclamos y demandas laborales, y garantizar la normal operatoria de la distribuidora de combustible, allegados al empresario Martín Vinart habrían negociado con las más altas autoridades del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON) una indemnización extrajudicial para un grupo de trabajadores de Astillero Unión.

Vinart fue yerno del fallecido Hugo Agüera, principal acreedor del fallido armador pesquero Franco Barillari, al punto de quedarse, cuando se presentó en concurso de acreedores, con un par de barcos y las acciones mayoritarias del entonces Astillero Mar del Plata por la deuda que mantenía con Zona Común, la mayor empresa distribuidora de combustible del puerto local.

Con Vinart, Astillero Mar del Plata pasó a llamarse Unión. La experiencia duró menos de lo que todos esperaban, más allá de haber invertido casi 5 millones de pesos. En agosto hubo un cambio en el directorio. Luego de coquetear con distintos inversores, presionado por el resto de la familia, Vinart finalmente vendió las acciones a un grupo empresario que nombró a César Briatore como nuevo presidente del directorio.

En disconformidad con el cambio societario la comisión directiva nacional del SAON desembarcó en el puerto y activó un bloqueo al astillero que todavía hoy se mantiene, con la complicidad del Consorcio, la Prefectura y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

En el medio del conflicto el nuevo Directorio despidió a un grupo de 20 trabajadores que mantenían el bloqueo por negarse a deponer su actitud y volver al trabajo. En tanto el SAON fomentaba protestas frente a la distribuidora de los herederos de Agüera.

Una fuente confiable reveló que representantes de Zona Común decidieron anticiparse a una demanda laboral millonaria contra Vinart e iniciaron negociaciones con la comisión directiva del SAON para llegar a un acuerdo. El pago superaría los 2 millones de pesos y alcanzaría a 32 trabajadores.

De parte de Cayo Ayala y Juan Speroni, los popes del SAON, los empresarios recibieron el compromiso de ponerle punto final al bloqueo/extorsión que impulsan en las puertas del astillero, cuando se determine quién se hará cargo de la parcela 28-A, en la que el Consorcio realizó un llamado público con ofertas de inversión, pero le dio el “derecho de preferencia” al actual permisionario, quien cuenta con la tenencia del predio.

En realidad esa parcela nunca debería haberse transferido ya que según el decreto 185/07 de la Provincia, el Consorcio debe velar -entre otras cosas-, para que al transferirse un permiso de uso de una sociedad a otra no exista deuda en concepto de pago de canon, y que se hayan realizado las inversiones comprometidas al momento del otorgamiento de ese permiso de uso.

Para uno de los Gerentes del Consorcio Portuario, ese traspaso de sociedades fue un “mal menor”. Eligió esas palabras para argumentar el procedimiento. El “mal mayor” era no poder cobrarle nunca a Barillari, quien conserva un porcentaje minoritario del astillero y fue quien controló por sí o por terceros a las empresas Astinave y Astilleros Mar del Plata, protagonistas principales del usufructo y destrucción que sufrió el predio en estos años.

En esta historia quien sumó más equivocaciones ha sido la administración portuaria. Por un lado no aceptó el pedido de prórroga del predio que hicieron los nuevos accionistas de Unión, solicitud que la legislación contempla. Pero por otro, le otorgó el “derecho de preferencia”, del que no se conoce alcance.

El Consorcio debería explicar la razón por la que soportó durante todos estos años la sistemática y paulatina destrucción, a su vista, de bienes que el Estado Provincial le otorgó en administración. Estos motivos hubiesen sido suficientes para desalojar el predio y evitar el ingreso a una maraña judicial que puede generar incertidumbre sobre el futuro de la parcela 28-A.

Pero en el Consorcio parecen ajenos a toda esta historia. Fuentes confiables informaron que el 1 de noviembre, a las 14, vence el plazo para presentar ofertas por el predio en cuestión. Hay varios interesados con proyectos ya terminados, listos para imprimir y encarpetar.

Coment� la nota