Este viernes, se conoció que el gobierno de María Eugenia Vidal decretó un nuevo régimen en la redeterminación de los precios en los contratos que tienen que ver con la obra pública. Bajo distintos argumentos, sobre todo ante decisiones y normativas que implementó el Gobierno Nacional, la gestión bonaerense –citando a la Emergencia Administrativa- se adhirió a esta medida “a fin de armonizar los distintos regímenes jurídicos existentes en la materia”.

Según sostiene el Decreto N° 367, esta reforma a nivel nacional se debió “a que el anterior régimen nacional, que venía regulado por el Decreto N° 1295/2002, se había visto afectado en su vigencia en los últimos tiempos – entre otras causas – por el aumento generalizado de los precios, las restricciones a la importación de insumos y los tiempos de sustanciación de los procedimientos de redeterminación de precios de los contratos, lo que había significado un aumento significativo de los reclamos administrativos y judiciales, así como la paralización o ralentización del ritmo de avance de las obras contratadas”.

Así mismo, el Gobierno bonaerense aduce que “el agiornamiento del régimen de redeterminación de precios contribuirá a la reactivación del sector de la construcción”.

Dicho de otra forma, según pudo saber INFOCIELO, lo que busca la gestión de la Gobernadora es tener un nuevo engranaje administrativo que tiene como objetivo abaratar los costos de la obra y sujetado en los ajustes por inflación. Además, buscan “contribuir a la ejecución de obras”, un baluarte de las gestión Vidal.  

Cabe destacar que en los distintos pliegos de contratación se va a establecer una definición anticipada del momento en que se activa este proceso y qué índice se va a seguir. Así mismo, está dividido por los distintos rubros que contiene la realización de una obra.