El renovado interés de la administración de Mauricio Macri por los cambios en la legislación laboral, tras más de un año de traspiés políticos y gremiales, apunta a dotar al oficialismo de iniciativa al frente de un debate parlamentario luego de la discusión en torno del aborto, en la que licuó el protagonismo por diferencias internas. El proyecto retomará los tres capítulos con los que fue enviado al Congreso: blanqueo laboral; la vuelta de las pasantías, y la creación de una agencia de supervisión de tecnologías médicas, aunque la promesa de los funcionarios contempla eliminar los ítems de modificación del a ley de Contrato de Trabajo que habían causado las mayores protestas sindicales. 

Se trata de un capítulo central del extenso diálogo que mantuvieron en Olivos el viernes Peña, Triaca, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana con dos de los miembros del triunvirato de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto a referentes de la "mesa chica" como Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), Andrés Rodríguez (estatales de UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Roberto Fernández (UTA, colectiveros) y Omar Maturano (ferroviarios, La Fraternidad). 

La reunión había sido pactada el martes pasado cuando parte de la conducción de la central acudió visitó a Triaca un día antes del Consejo del Salario. Ambas instancias representaron la reanudación del diálogo institucional entre el Gobierno y la CGT, interrumpido desde fines del año pasado por la escalada de medidas de protesta impulsadas por la organización con el auspicio central del bloque disidente que orienta Moyano. La salida de ese conglomerado de algunos grupos le dio más aire al triunvirato con vistas a un plenario de secretarios generales que habrá el 29 de este mes frente a los planteos de los opositores, al tiempo que apuró la revinculación formal con el Ejecutivo. 

El eje del debate el viernes fueron las repercusiones en la obra pública del caso judicial de los cuadernos y el temor de los sindicalistas por unos 150 mil puestos de trabajo asociados. Los funcionarios ratificaron que no habrá un parate en la actividad y prometieron buscar un mecanismo para aislar a los empresarios sospechados de las compañías a cargo de emprendimientos en marcha. De todos modos, los dirigentes insistieron con una idea recurrente de aplicar salvaguardas al nivel de empleo y, por primera vez, sus interlocutores se comprometieron a por lo menos organizar mesas de seguimiento sectoriales. 

Sobre la reforma laboral los gremialistas recordaron que a fin del año pasado el Gobierno había intentado avanzar con los tres proyectos y chocó contra la advertencia del jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Pichetto, de que sólo se prestaría al debate con un aval de la CGT, algo que nunca se produjo de manera integral. Los funcionarios se comprometieron a que esta vez quedarán al margen los cambios en la legislación que afectaban el cálculo de las indemnizaciones y creaban fondos de desempleo sectoriales y que sólo avanzarán en las modificaciones "amigables" a la CGT: un blanqueo laboral con reconocimiento parcial de aportes y un perdón absoluto de multas y sanciones a empresarios; la creación de la agencia que deberá convalidar la aplicación de nuevas técnicas sanitarias o medicamentos por parte de obras sociales y prepagas, a fin de evitar la judicialización por parte de sus afiliados (el punto de mayor interés para los gremios), y el relanzamiento de las pasantías laborales con la participación de los sindicatos.