Lo que vaya a suceder en el norte de la provincia, si no se toman los recaudos necesarios, puede parecerse en mucho a lo sucedido en la década del 90 cuando la administración de Carlos Menem privatizó YPF y Gas del Estado, dejando sin trabajo a miles de trabajadores.

Esa acción fue devastadora para la región, pero no tanto en el momento de las privatizaciones (1991-1992) cuando los exypefianos tenían en sus bolsillos el dinero cobrado por la desvinculación, sino después, cuando esos recursos se terminaron. La situación hizo eclosión en 1997 con el primer corte de ruta al que le siguieron años de conflictos sociales, saqueos, muertes, heridos y enfrentamientos.

La semana pasada, el Sindicato de Trabajadores de la Indutrialización de Gas y Petróleo de Salta y Jujuy convocó a los intendentes Isidro Ruarte (Mosconi), Alfredo Darouiche (Aguaray) y Eduardo Leavy (Tartagal) para conformar una mesa común que impulse y reflote, pero en forma definitiva, la reactivación de los alrededor de 300 pozos someros o "petisos", como se los menciona en la jerga de los petroleros, que fueron perforados durante las operaciones de YPF y que quedaron abandonados en el departamento San Martín.

Hay pozos surgentes

El Tribuno publicó en varias oportunidades, desde el 2012, la inquietud que estos yacimientos de baja productividad despertaban en la zona y la posibilidad de reflotarlos, pero también la preocupación por la contaminación ambiental que producen en la región al registrarse surgencias espontáneas, algunas de las cuales contaminan cursos de agua cercanos a localidades como Vespucio o Tablillas.

La última surgencia, que provocó mucha inquietud entre los vecinos, se produjo a mediados de 2016 en las cercanías de un arroyo que rodea a Vespucio y con ese antecedente, los ex trabajadores de YPF liderados por el dirigente Mario Rearte, hicieron gestiones a nivel provincial y nacional pero sin ningún resultado.

Hoy, el sindicato petrolero, los intendentes y los legisladores provinciales pretenden que se aplique una ley nacional que contemple estos pozos, que fueron perforazos algunos hace más de 50 años y que siguen produciendo en forma espontánea, para intervenirlos adecuadamente, hacer lo que técnicamente se denomina abandono de pozos y darle una utilización al petróleo que bien puede abastecer a las localidades de la zona y generar puestos de trabajo genuino.

Un temor subyacente

La mayor preocupación entre los intendentes norteños comenzó a generarse luego de un trascendido que dio cuenta de que -tal como también lo anticipó El Tribuno hace algunos años- la puesta a punto de la planta de procesamiento del Gran Chaco (Yacuiba, Bolivia), que en el 2015 inauguró el presidente boliviano Evo Morales, podría dejar a la Argentina sin el gas que se procesa en la Destilería de Campo Durán.

Sin esa materia prima para procesar, la primera consecuencia directa, de darse ese hipotético y temido escenario, sería la suspensión de decenas de operarios de alta calificación del complejo que tiene la empresa Refinor en Campo Duran, en las cercanías de Aguaray.

Antes que eso suceda, los trabajadores y dirigentes petroleros, los intendentes y los legisladores norteños quieren anticiparse a un escenario de desastre. Por eso ven en la operación de los pozos someros una opción que puede ser muy válida en materia de generación de fuentes de empleo.

Sebastián Barrios, secretario general de los Petroleros Privados de Salta y Jujuy, luego de la reunión con tres intendentes de municipios productores de gas y petróleo de la provincia de Salta, explicó que "como en toda iniciativa y para plantearla con más firmeza, se necesita el apoyo político y qué mejor que sean los intendentes los que la impulsen, porque se trata de generar empleos".

"Para ser precisos, estamos hablando de los yacimientos de baja productividad que están ubicados en mayor número de pozos en el municipio de Mosconi (Vespucio) pero también en Aguaray (Campo Durán) y Tartagal. Son unos 350 pozos, 200 de los cuáles fueron perforados por YPF y el resto que se encuentran en áreas adjudicadas, como las que tienen Tecpetrol o Pan American Energy", precisó el dirigente gremial.

Existe una ley nacional

Barrios explicó: "El tema del que hablamos ahora y que se analiza desde hace varios años en la zona, no es una idea alocada, sino que está contemplada en una ley nacional que hace referencia a este tipo de pozos someros y que establece una serie de procedimientos en materia de lo que técnicamente se denomina abandono de pozos".

"La idea consiste en la limpieza de mismos. En esa etapa el pozo puede manifestarse, en cuyo caso y según la ley nacional vigente, deben ser operados y administrados por pymes locales o por los mismos municipios. En caso de que no se manifiesten, se debe hacer un tapón de abandono de manera definitiva y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y ambientales", detalló. Pero a la provincia de Salta le falta una ley referida a ese procedimiento y por ese motivo Barrios y los intendentes consideran que "es el momento justo para que los legisladores por San Martín presenten un proyecto e impulsen entre sus pares de la Legislatura su pronta sanción", dijo Barrios, y agregó: "Para el segundo encuentro previsto para esta semana serán convocados los diputados por San Martín para que entiendan de lo que estamos hablando y de lo que una iniciativa de este tipo podría generar en la zona. Solo para llegar a esos yacimientos que fueron abandonados se necesitan caminos, personal calificado, empresas locales de servicios y a los obreros en su conjunto" precisó el sindicalista.