El interminable diálogo de sordos entre los gremios y el gobierno nacional

El interminable diálogo de sordos entre los gremios y el gobierno nacional

Sin señales de cambio en la política oficial, el sindicalismo opositor se prepara para realizar este martes su quinto paro general. Prometen que no será su última protesta antes de que Cristina Kirchner deje el poder

Por: Ricardo Ríos [email protected]

La pésima relación entre el Gobierno y los gremios opositores lleva la misma cantidad de tiempo que el transcurrido desde que la doctora Cristina Kirchner asumió su segundo mandato, en diciembre de 2011. Desde entonces, la Presidenta y sindicalistas no K protagonizan uninterminable cruce de sordos que vuelve a ponerse de relieve con el que será, el martes, el quinto paro general de actividades en la era Cristina.

Por masiva que resulte la adhesión, no hay ninguna señal objetiva que permita conjeturar un posible cambio en las posiciones de la administración kirchnerista, impermeable hasta acá a las correcciones que, casi a diario, le formulan los díscolos de la ortodoxia sindical peronista. De hecho, el famoso día después de las cuatro huelgas anteriores -algunas realmente fuertes-, no verificó ninguna reacción oficial más que silencio o menosprecio a las protestas.

Si se toma por cierta la promesa sindical de acosar a Cristina hasta el último de sus días como inquilina de la Rosada, con los mismos reclamos nunca correspondidos, está más que latente la posibilidad que la del martes no sea la última huelga a nivel nacional que sufra el kirchnerismo en el poder. El promedio actual del Gobierno es, tomando los últimos tres años y medio, de un paro en su contra cada 255 días. Peor les fue a Alfonsín y a De la Rúa, pensarán.

Viejas demandas justifican el nuevo paro sin movilización: exigencia de paritarias libres, cambios estructurales de la política tributaria, aumento de emergencia para jubilados, pago de deudas a las obras sociales, amén de medidas concretas contra la inflación y la inseguridad. Suscriben Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, los gremios del transporte y la CTA combativa de Pablo Micheli. También empujan en este scrum distintas fuerzas sociales y formaciones políticas y sindicales de la izquierda dura.

Se trata en verdad de un intercambio permanente en que los interlocutores hablan distintas lenguas: a la airada queja de que la suba de precios corroe el poder adquisitivo de los salarios, Kicillof, amo y señor de la economía, responde que el potro inflacionario está casi domado. Sabe repetirlo entre frases burlonas a quienes vaticinaban para este año un 40 por ciento de encarecimiento.

Así con todo: mientras Aníbal Fernández asegura que el Gobierno no mantiene deuda alguna con las obras sociales, los gremios juran que el Estado lleva manoteados 28 mil millones de pesos del fondo de redistribución solidaria del sistema sindical de salud. Hasta los más acérrimos oficialistas de la CGT kirchnerista manejan idéntico pasivo.

También dan motivo para sacarse chispas el mínimo no imponible de Ganancias y las imposiciones que puso en práctica el Gobierno para la discusión de las paritarias de este año.

Desde el primer paro contra Cristina (noviembre de 2012), los gremios opositores vienen reclamando la eliminación en los sueldos –o al menos una adecuación– del tributo ganancial. Después de darle largas al asunto, el Gobierno respondió con una ligera reducción en la tasa para retribuciones de entre 15 mil y 25 mil pesos, que lejos estuvo de satisfacer al paladar sindical.

El Gobierno habla de paritarias libres, siempre que los aumentos no excedan un 27 por ciento y pongan, según su visión, a la siempre inestable economía nacional en situación de remate. Moyano y compañía describen como intolerable la intromisión del Ejecutivo en las discusiones salariales entre gremios y empresarios, a quienes dicho sea de paso ven como alfiles al servicio del Gobierno, en su propósito de colocarle techo a las negociaciones.

En cualquier caso, el tope fetiche perdió su fuerza inicial, como cuando cinco gremios K se vieron conminados a firmar por lo que se les dijo. La semana pasada, el gremio de los aceiteros demostró que otro camino era posible: aguantó a pie firme una desgastante pelea con el poder político, hasta lograr un acuerdo del 36 por ciento, camuflado en cláusulas particulares y adicionales. Ahora todos los gremios quieren emular ese recorrido.

A las puertas del martes, no hay nada que ya no se haya visto u oído. Los opositores llamaron al paro con bastante anticipación para supuestamente negociar con el Gobierno, pero nada.

Como un acto mecanizado, el kircherismo le colgó al paro el cartelito de "político", como si eso fuera en desmedro de la medida de fuerza. Cosas peores ha dicho en las últimas cadenas nacionales la Presidenta sobre los sindicalistas, preguntándoles públicamente en qué mundo vivían.

"Vivimos en el mismo lugar. Sólo que aquí abajo todo se ve de otro modo. Más real, más injusto, más feo...Un mundo para usted subterráneo", salieron a responderle los huelguistas a través de un documento, que puso aún poco más de distancia a la utópica unidad sindical.

Chicanas aparte, la activa adhesión de los gremios del transporte anticipa un paro de fuerte acatamiento, como lo fueron el segundo (abril de 2014) y el cuarto de la serie (marzo de 2015). Cuando las organizaciones transportistas no se plegaron (en 2012 y en el de agosto de 2014), las medidas de repudio tuvieron un carácter más bien testimonial. La gran pregunta es: ¿habrá esta vez gremios oficialistas que den libertad de acción a sus afiliados, como hizo Caló en la UOM la última vez?

Para disgusto de los organizadores de la huelga por venir, habrá barricadas nuevamente en los principales accesos, a cargo de organizaciones piqueteras y gremios de izquierda. De no mediar sorpresas, levantarán al mediodía, como siempre, cuando la suerte del quinto paro ya esté echada

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