El juez Rubén Marigo, presidente de la Cámara Laboral Primera, en su calidad de Juez de Amparo, ordenó medida cautelar que ordena a la Obra Social IPROSS a que en el plazo de 48 horas hábiles de notificado, realice los trámites pertinentes a fin de garantizar el derecho de atención de los afiliados -directos, indirectos y adherentes - en forma efectiva, tanto en Bariloche como en Dina Huapi.

La resolución indica que la misma se dicta bajo apercibimiento de aplicar astreintes de $ 1500 diarios a su presidente Claudio Di Tella, como así también de elevar los antecedentes a la justicia penal por el delito de desobediencia.

En la misma resolución se corrió traslado a fin de que la Obra Social consignada produzca el descargo correspondiente como contestación de demanda y ofrezca la prueba que corresponda.

La presentación fue efectuada el legislador Alejandro Ramos Mejía este miércoles, bajo la figura de "Amparo Colectivo" a los efectos de resguardar los derechos e intereses colectivos de la totalidad de los afiliados y beneficiarios del IPROSS de Bariloche y Dina Huapi que se ven privados de la cobertura del servicio de Salud contra el Poder Ejecutivo Provincial, el Ministerio de Salud y el Ipross.

El Amparo presentado tiene por objeto se ordene al instituto garantizar la cobertura de que en materia de salud y de servicios sanatoriales por ley corresponde.

El Juez de Amparo reconoció así la legitimidad invocada por Ramos Mejía de acuerdo con las constancias aportadas, como así también la procedencia de la acción intentada.