Todo ocurre con la anuencia de funcionarios que responden a la gobernadora María Eugenia Vidal, con el presidente del organismo, Pablo Di Liscia, a la cabeza, y los gremios que integran el directorio, como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que conduce Carlos Quintana.

Con total impunidad persisten la contratación directa de empresas proveedoras de insumos con sobreprecios y pésima calidad; la ausencia de controles en las prestaciones; atraso en los honorarios de los prestadores que redundan en una deficiente atención al afiliado; desvío de fondos que deben ser destinados a los pacientes o afiliaciones truchas.

Las irregularidades heredadas no se castigaron con el cambio de Gobierno, sino que se fomentan. Porque a la fecha no existe la auditoría de corte que permitiría dar cuenta cabal de la situación. A los profesionales de carrera, que podrían investigar, se los mantiene con contratos precarios y, ante el mínimo intento de ventilar la corrupción, se los echa.

Ahí está la verdadera razón por la cual UPCN acordó con la Provincia una paritaria a la baja, del 12%, inferior incluso a la irrisoria meta de inflación del 15%. Eso explica también que, pese a las denuncias en su contra, Quintana todavía detente poder en el IOMA. No los une nada más que el espanto.

La salud, en tanto derecho, sigue degenerándose en negocio para unos pocos, mientras millones de pacientes peregrinan, a la espera de prestaciones y medicamentos que tardan en llegar o nunca llegan. 

Para los empleados públicos de la Provincia el IOMA es, en muchos casos, todo lo que tienen. Porque cobran salarios de miseria y, encima, todos los meses sufren descuentos por parte del gremio que dice representarlos: en connivencia con un banco, UPCN le presta a sus afiliados dinero a tasas usurarias y, a través de ellas, se queda con más del 50% de su sueldo. ¿Podría haber algo más vil? 

Cuando la inacción se vuelve costumbre, cuando la estafa se perpetra a la vista de todos e involucra a las autoridades que deberían combatirla, llega la hora de preguntarnos:  quienes roban, ¿lo hacen para la corona?

Jueces que miran para otro lado

La crisis en el IOMA es apenas un botón de muestra de un sistema sanitario en emergencia, motivo por el que ayer, pese a las inclemencias climáticas, los médicos paralizaron los 80 hospitales bonaerenses. Reclamaron por algo más que un salario: pidieron insumos, mejoras edilicias y tecnológicas. Salieron a la calle con el recuerdo todavía fresco del apagón que la semana pasada obligó a los cirujanos del Hospital Sor María Ludovica a operar bajo la luz de los celulares, poniendo en riesgo la vida de pequeños pacientes; o el deplorable estado de la Maternidad del Hospital San Martín, donde llueve más adentro que afuera, por citar apenas dos casos.

¿Cómo es posible que los impuestos que pagamos no garanticen, siquiera, una salud pública digna y de calidad? 

Todas las denuncias parecen caer en saco roto, porque mientras los hechos se acumulan, el Poder Judicial esquiva la mirada, sin ordenar, por ejemplo, actuaciones de oficio ante una situación de gravedad extrema como es que un recién nacido sea operado en penumbras. ¿Cómo llamar a esto sino abandono de persona? ¿Dónde están los jueces de Garantías y fiscales que cobran salarios suntuosos para impartir Justicia? ¿Acaso solo la muerte los hará abandonar sus despachos?

Esperamos que no. Porque, se sabe: la Justicia lenta no es Justicia.