Por lo pronto, la reforma que pretende impulsar el Gobierno de Macri buscará ir en consonancia con la suba de precios que, según Cambiemos, irá decreciendo en los próximos años, aunque no se tiene ningún tipo de certeza al respecto, sobre todo porque hasta el momento no se cumplió ninguno de los anuncios del Gobierno en materia económica (no llegaron inversiones y tampoco bajó la inflación en los índices propuestos). No obstante, en la actualidad la canasta de consumo de los jubilados es más cara que la general por las medicaciones que requieren muchos abuelos, entre otros recursos. En número, dicha canasta sobrepasa en un 15 por ciento al IPC oficial.

Según publica el diario Página 12 en su edición de hoy, la reforma previsional busca liberar recursos para garantizar el pago de los crecientes intereses de la deuda, y se enmarca en el déficit fiscal récord del Gobierno. De hecho, según Oscar Cetrángolo, economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y experto en cuestiones de finanzas públicas, el déficit fiscal de 2016 fue histórico: fue más alto que el de la híper inflación que se dio durante el Gobierno de Ricardo Alfonsín.

Además, Según el economista, que fue citado en una nota del diario Clarín, el défici fiscal -incluido Nación, provincias, sin la ayuda del Banco Central y contabilizando el pago a los holdouts- fue 7,85 por ciento del PBI en 2016. En este contexto, Macri lanzó un megaplan de reformas, que contemplan recortes significativos para los abuelos, uno de los grupos más necesitados.

En consecuencia, con este nuevo plan de Cambiemos, el haber de los jubilados perderá capacidad de compra en relación a la variación de precios de la canasta de bienes y servicios de los adultos mayores. El ajuste trimestral por la inflación que impulsa el Gobierno no congelará los haberes en términos reales, como muchos criticaron, sino que la situación será peor: los irá devaluando paulatinamente.

Si bien la propuesta oficial se basa en una fórmula de movilidad con una indexación que será más baja que la actual al utilizar el índice de precios general, la cesta de consumo de los jubilados es más cara. Por tal motivo, el perjuicio será entonces por partida doble: el aumento de las jubilaciones será más bajo y por un coeficiente de ajuste que las hará retroceder aún más en poder adquisitivo.

A tono con esto, los investigadores del Centro de Economía Política Argentina realizaron una estimación de la evolución de los recursos tributarios, variación de salarios (según Ripte) y del IPC-Indec, manteniendo estable la cantidad de beneficiarios en el sistema previsional, para concluir que la jubilación mínima perdería unos 900 pesos por mes en 2018 con el esquema de indexación por inflación. La caída nominal de los haberes sería de 9 a 13 por ciento el año próximo, según esos especialistas. La pérdida anual alcanzaría por lo menos a casi 11 mil pesos para quienes cobran la mínima, incluyendo el aguinaldo.

Asimismo, los investigadores de ITE de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo realizan un seguimiento específico para evaluar la inflación de los jubilados. A partir de esto se supo entonces que en 2016 fue de 44 por ciento, con un alza más intenso que el del IPC general, debido a la mayor incidencia de los rubros Salud y Servicios Públicos. En tanto, el último registro del ITE fue la inflación interanual de los jubilados de septiembre que alcanzó el 29,3 por ciento (cuatro puntos por encima del índice de precios general). La actualización del haber por el IPC-Indec asegura entonces una caída del poder de compra del dinero que reciben los jubilados. (Página 12 y La Brújula).