Judiciales marcó diferencias con estatales y criticó tregua

Judiciales marcó diferencias con estatales y criticó tregua
Dijo que el acta-acuerdo firmado con De la Sota fue funcional a sus intereses.

La Asociación Gremial de Empleados Judiciales (Agepj) criticó el acta-acuerdo firmado por los gremios estatales y el Gobierno provincial el jueves pasado, por la cual se suspendieron las medidas de fuerza contra el ajuste previsional hasta después del 10 de setiembre, y expresó que esa medida “acompaña” al gobernador José Manuel de la Sota en su “intento de victimizarse y culpar a la Nación” por el déficit de la Caja de Jubilaciones. Judiciales reprochó a sus pares que el acuerdo se produjo pese a la represión policial en la movilización del jueves 23 de agosto y a la sanción de la tasa vial.

El acuerdo que firmaron los gremios y la Provincia establece que el Gobierno derogará el ajuste jubilatorio (Ley 10.078) si la Nación devuelve a Córdoba el 15% de la coparticipación cedida por las provincias en 1992 o si la Casa Rosada se aviene a un nuevo convenio de financiamiento de la Caja. Como contrapartida, los sindicatos se accedieron a un impasse en las medidas de fuerza, que durará hasta después de la audiencia de conciliación que el próximo 10 se realizará en la Corte Suprema, donde se dirimirá la deuda de $ 1.040 millones que Córdoba le reclama a la Nación.

Judiciales fue, junto a ATE, el único gremio que no firmó el acta, y de hecho no asistió a la audiencia que reunió a De la Sota con los secretarios generales en el Centro Cívico. Sin embargo, la titular del gremio, Irina Santesteban, señaló que no romperá el frente gremial conformado a partir del ajuste jubilatorio.

En el duro comunicado donde marca diferencias con el resto de los gremios estatales, la dirigente deslizó que la firma del acta acuerdo fue funcional a los intereses del gobierno y “le ha permitido al gobernador mostrarse como ‘dialoguista’, cuando en realidad la audiencia (con los secretarios generales) ha venido después de que sancionó dos leyes que imponen ajuste”, en relación a la Ley 10.078 (de ajuste previsional) y a la “tasa vial» que grava los combustibles. “Y sobre todo, luego de la cruenta represión policial del jueves 23 frente a Tribunales”, añade el comunicado de Judiciales que se conoció ayer. En este punto, Santiesteban recordó que el legislador delasotista y titular del SEP, José Pihen, votó a favor del impuesto a los combustibles.

Asimismo, el gremio apuntó a uno de los puntos del acuerdo, que algunos de los titulares sindicales que hablaron con este diario computaron “a favor” de la posición gremial, como es el compromiso de De la Sota de no modificar los aportes personales y patronales a la Caja (artículo 7 de la Ley 10.078), salvo en caso de Emergencia Previsional. Según Santesteban, el Gobierno “nos está avisando de la posibilidad de que se decrete una emergencia, con todo lo que ello significa y que los empleados estatales de Córdoba lo hemos vivido en varias oportunidades”, resaltó.

Además, el gremio de Santesteban consideró que “no hay que acompañar” a los funcionarios del gobierno provincial a la audiencia del lunes próximo en la Corte. Y convocó a retomar la iniciativa en caso de que no se produzca ningún acercamiento con la Nación.

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