Judiciales nacionalizará su reclamo si no mejora la propuesta del Gobierno

El gremio se reunirá con la Viceministra de Trabajo de la Nación. Quiere que el gobierno de Pérez destine 300 millones para aumentos. Este martes habrá una nueva paritaria.
Una estratégica conferencia de prensa brindó este lunes el gremio que nuclea a los trabajadores judiciales, que aún siguen en pleno conflicto

salarial con el gobierno de Francisco Pérez, luego de 15 reuniones paritarias fallidas en los últimos tres meses.

Por un lado, el secretario general de ese sindicato, Carlos Ordóñez, desmintió los dichos del Gobierno aduciendo que se encuentra "más unido que nunca" a otros trabajadores como los de la salud y los docentes universitarios nucleados en la Fadiunc.

"Es mentira que yo dije que quiero redistribuir el salario de mis compañeros de otros gremios. Lo que dije es que se debe redistribuir el ingreso dentro del Poder Judicial porque hay jueces que ganan 54 mil pesos, y empleados

judiciales que ganan 3 mil", aclaró Ordóñez, respondiendo al Gobierno, que "quiere hacernos pelear entre los trabajadores", defendió.

Por otra parte, el sindicalista anunció una "nacionalización de la protesta judicial", gracias al apoyo del sindicato en Buenos Aires. De hecho, este martes viajará a la Capital Federal para reunirse con la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, para "ponerla al tanto de la vergonzosa situación que vivimos los trabajadores de la Justicia que no pertenecemos a la Magistratura", indicó Ordóñez.

También, esta semana, habría un acto de protesta en la Casa de Mendoza en Buenos Aires para demostrarle al Gobierno provincial que también en el aspecto gremial Mendoza está en sintonía fina con la Nación. A la conferencia de ayer asistieron las representantes gremiales de la salud de ATE y Ampros (Raquel Blas e Isabel Del Pópolo). También estuvo presente la referente de los docentes universitarios, Cristina

Romagnoli, de la Fadiunc.

En todos los casos, los referentes sindicales anunciaron "total apoyo al sindicato de los judiciales" en caso de anunciar nuevas medidas de

fuerza, sea con paro o movilizaciones. Hasta ahora, el sindicato no ha previsto manifestaciones durante la cumbre de los presidentes que se realizará en nuestra provincia del 26 al 28 de este mes.

"Es sorprendente que uno de los sectores que debería hacer cerrado antes que el resto y con mejores condiciones salariales aún esté

peleando un sueldo justo con el Gobierno. Supuestamente los recursos estaban. De un presupuesto de 9 mil millones se fue a 19 mil millones. El Gobierno debería haber ofrecido sólo 40% de aumento pero, claro, no lo hizo, y sólo defiende a algunos sectores como el bodeguero, con la creación de fideicomisos", disparó Raquel Blas, de ATE.

Paritarias

Este martes habrá una decimasexta reunión paritaria donde el gremio espera que el Gobierno mejore la oferta de 17 por ciento de aumento. En caso de que no sea así, este jueves, en asamblea, los judiciales decidirán cómo profundizan las medidas de fuerza. Ordóñez insistió en que los trabajadores judiciales no están pidiendo 30 por ciento, sino que que se mejore el sistema porcentual vigente.

De hecho, el costo salarial anual previsto por el Gobierno en las últimas reuniones se mantiene en $93.809.000, cuando el monto debería acercarse a los $300.000.000 para ajustarse a la demanda de los trabajadores, según precisó ayer el secretario general de los judiciales. "Lasituación es grave y cada vez está más compleja. Lo que quieren es debilitar al gremio o deteriorar la situación laboral de miles de trabajadores", criticó Ordóñez.

Por su parte, el gobernador Francisco Pérez, aunque escueto, hizo referencia al conflicto: "Hemos hecho un ofrecimiento que es similar a los montos de todas las paritarias. Llamamos a la reflexión a los trabajadores ya que no es un capricho del Gobierno, queremos pagar mejores sueldos pero la situación de la Provincia y del país no es del despilfarro", dijo el mandatario, y agregó: "Los gremios no han analizado la propuesta, sino que la rechazan de lleno".

La primera reunión de paritarias fue el 30 de marzo. Los trabajadores pidieron que el porcentaje de incremento de la asignación de clase

(básico) debía estar relacionado con la especificidad del servicio de justicia, la cantidad de horas, la inflación extrapolada a fines de diciembre de este año, el valor de la canasta total de consumo y la necesidad de distribuir con más justicia los recursos dentro del Poder Judicial.

El reclamo se fue modificando, mientras que el Gobierno mantuvo el mismo incremento o, incluso, achicó el monto de la oferta

en tres paritarias. Según Ordóñez, desde el Ejecutivo deberían declarar "la emergencia económica al Poder Judicial" para que los jueces revean sus ingresos que, según los judiciales, es 18 veces más grande que el de los empleados.

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