Jueces provinciales aguardan “expectantes” la equiparación salarial con el fuero federal

Jueces provinciales aguardan “expectantes” la equiparación salarial con el fuero federal
Según la Ley 10.035 sancionada en enero, comienza el 1 de noviembre. Pero en el Gobienro no habría consenso. Pende un recurso de inconstitucionalidad.

Los jueces y funcionarios de la Justicia provincial aguardan con “expectativa” el 1 de noviembre próximo, día en que comenzaría a regir la equiparación salarial con sus pares de la Justicia Federal, lo que en la práctica significará un incremento en sus haberes de alrededor del 20 por ciento.

La Ley de Equiparación Salarial Nº 9725 fue sancionada en diciembre de 2009, durante la gestión del ex gobernador Juan Schiaretti, y debía entrar en vigencia el 1 de febrero de 2012. Sin embargo, el 10 de enero pasado, en sesiones extraordinarias, a instancias del entonces recién asumido gobernador José Manuel de la Sota, la Legislatura sancionó la Ley 10.035 que prorrogó la aplicación de la 9725 hasta 1 de noviembre próximo, plazo que vence en un mes. “Hay esperanzas, que es la prima débil de la fe”, ironizó un fiscal ayer.

Fuentes tribunalicias consultadas por este diario indicaron que “no hay mucho consenso” en el Gobierno de Córdoba para otorgar en noviembre la equiparación, por el costo político que significaría aumentar los haberes de los jueces luego de sancionar el ajuste previsional que afectó a los 90 mil jubilados provinciales, y tras la puesta en vigencia de la tasa vial. En cualquier caso, para prorrogar la suspensión, el Poder Ejecutivo debería enviar un nuevo proyecto a la Unicameral, lo que hasta ayer no había sucedido.

Además, hace menos de un mes se conoció la Resolución 873, por la cual los magistrados del Poder Judicial provincial quedan eximidos del principio de “caja aportante”, que los habilita para jubilarse en la Caja de Jubilaciones aunque tengan más aportes al sistema nacional, decisión que aún no terminan de digerir los gremios estatales.

“Aunque el costo global no es mucho, porque se trata de no más de 500 jueces, fiscales y secretarios y asesores letrados, se trata de un aumento que resulta irritante para la gente”, admitió anoche un juez. Pero señaló: “La propia ley marca el fin de la suspensión”.

Según el titular del Sindicato de Empleados Públicos y legislador de Unión por Córdoba, José Pihen, “sería conflictivo” que el Gobierno otorgue la equiparación en el actual contexto provincial, luego de la reforma jubilatoria.

Asimismo, Pihen resaltó que un aumento general a los jueces “agravaría el déficit” de la Caja e impactaría en las cuentas públicas, ya que el aumento por equiparación se sumaría al incremento que los magistrados están recibiendo junto con el resto de los empleados públicos, del orden del 25 por ciento anual en tres pagos.

Evalúan inconstitucionalidad

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia estaría próximo a resolver sobre la admisibilidad a una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Ley 10.035 presentado en febrero de este año por la Asociación de Magistrados provinciales. Según pudo saber este diario, el informe de Fiscalía ya estaría en manos de los magistrados del TSJ. El recurso será valorado por abogados que participarán en calidad de “conjueces” para evitar que los integrantes del máximo Tribunal actúen como “juez y parte” en el tema.

La Ley 9725 establece que los jueces provinciales cobrarán el 90 por ciento “de las remuneraciones netas de bolsillo de los cargos equivalentes de la Justicia Federal”. Hasta su suspensión, la equiparación se venía realizando progresivamente.

En la actualidad, un vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia tiene un haber de aproximadamente $ 45.000 de bolsillo, lo que se incrementaría un 20 por cinto si el Gobierno cumple con la equiparación.

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