La CTA Jujuy cuestiona decisiones de la jueza Pérez Rojas en el caso de Libertador

La CTA Jujuy cuestiona decisiones de la jueza Pérez Rojas en el caso de Libertador
Según la central sindical, se procesa a los dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y no a los “autores intelectuales y políticos” del “irresponsable y desmesurado ataque”, ocurrido el 28 de julio de 2011 y en el que perdieron la vida cuatro personas.

En un documento, la CTA Jujuy advirtió que la justicia provincial “avanza en esta causa colocando en igualdad de condiciones a los reprimidos, a los que llevaron adelante la orden de desalojo (los mismos que terminaron “desacatando” la orden de detener el desalojo dictada por la propia jueza), a los que buscaron evitar la masacre, eso sí, dejando fuera de cualquier consideración a los autores intelectuales y políticos de este irresponsable y desmesurado ataque”.

Agregó que “no sirvió que los compañeros de la CCC, antes, durante y hoy demostraran la legitimidad de su presencia en la toma, presentando ante la justicia documentación pertinente que demostraba que había ciudadanos originarios, que tal condición legalizaba la posesión del terreno, con lo que aclaraba perfectamente que no se trataba de una usurpación”.

“Desde el primer día: la CTA-Jujuy, conjuntamente con la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, detenidos desaparecidos, los compañeros de CAPOMA y organizaciones sociales alertamos a las autoridades del Ejecutivo Provincial por la gravedad de lo que podía ocurrir en un desalojo”, agregó.

La central expresó su solidaridad y acompañamiento con los dirigentes de la CCC como también con “las víctimas de la represión policial-estatal, a los familiares de los cuatro compañeros asesinados, a los más de 60 heridos de balas de plomo y a todas las familias que el 20 de julio decidieron dejar de vivir en condiciones de hacinamiento, de vidas lacerantes e infrahumanas y tomaron 15 hectáreas de Ledesma, parte de los terrenos que la empresa entregaría a la provincia para construir a viviendas”.

Más adelante manifestó que “hoy, otros jujeños, los que manejan el poder político de la provincia, desde el oficialismo o la oposición, pretenden que “no recordemos o mejor que olvidemos lo sucedido””, pero la CTA-Jujuy, la CCC, organismos de Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy y CAPOMA-Libertador “nos negamos a hacerlo y ratificamos nuestro compromiso de luchar hasta encontrar a los responsables materiales e intelectuales de esta masacre y que estos reciban el juicio castigo previsto por la Ley”.

La central cuestionó que solo se haya resuelto imputar a dos personas por la muerte de Alejandro Emanuel Farfán y a ninguna por el crimen de las otras tres víctimas.

Además, en el Expediente Nº 97/11 se promueve acción penal contra dieciséis personas como supuestos autores de los delitos de Atentado y Resistencia a la Autoridad y Daño Calificado; mientras que por la supuesta comisión del delito de Instigación fueron imputados los dirigentes de la CCC Andrés Enrique Mosquera, Manuel Armando Chigre y “Pepe” Ibáñez.

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