Un trabajador de la empresa Uber presentó una demanda para exigir un “pronunciamiento que declare que el referido servicio no está prohibido por ninguna norma dictada por el GCBA y que tampoco es exigible para su realización ningún permiso o habilitación de índole local”. La Justicia Federal decidió rechazar el pedido de intervención y se declaró incompetente.

La frase conocida como “lo que no está prohibido está permitido”, fue tomada al pie de la letra por un conductor de la empresa Uber, quien presentó una denuncia en la Cámara Civil y Comercial para pedir explicaciones sobre el porqué no es habilitado para funcionar ya que la aplicación y los servicios de la firma no se encuentran “prohibidos por ninguna norma vigente dictada por el GCBA”. En primera instancia, los magistrados se declararon incompetentes por considerar que “correspondía tramitar al fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

No conforme, el conductor apeló aduciendo que en diversas oportunidades se “han adoptado decisiones ilegítimas en materias que son de competencia federal al prohibir la actividad de Uber. Entre otras cuestiones, las restricciones que impiden el comercio interprovincial y bloquean la aplicación, con efectos en todo el territorio del país e incluso en el exterior, y la decisión de Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor  que ha ordenado no sólo el bloqueo de la aplicación móvil y sitio web, sino que también se ha entrometido con el sistema de pagos, afectando gravemente el comercio interjurisdiccional”. De todas formas, nada de esto valió la pena ya que los jueces Francisco de las Carreras y Ricardo Guarinoni insititeron en que es un problema que debe resolver la Ciudad de Buenos Aires; “el reclamo fue planteado por quien, a título personal, invocó la pretensión de llevar a cabo el transporte de pasajeros, mediante la aplicación UBER, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (..), al margen de la regulación que rige la prestación del servicio público de taxis y remises, cuya seguridad y control sólo en ciertos aspectos y puntos (puertos y aeropuertos nacionales) es ejercida por autoridades nacionales”, sentenciaron.