Después de casi dos años de trajinar judicial y de varias décadas de reclamos, el problema de la calidad del agua en el barrio platense de Abasto podría llegar a encontrar una solución.

El principio del fin sería una audiencia convocada para este miércoles, para la cual está citada la Provincia, la Municipalidad, la cooperativa y los vecinos denunciantes, varios de ellos referentes de la zona.

En concreto, Ernesto Kreplak, titular del juzgado federal en lo Correccional y Penal Nº 3 de La Plata, libró la notificación para que el intendente de La Plata, Julio Garro, designe a “personal idóneo” para “una audiencia pública” para el 11 de abril a las 11:00.

El llamado, según el oficio, tiene como objetivo “coordinar medidas tendientes a asegurar, de manera urgente y efectiva, el suministro provisorio de agua potable a los vecinos de los barrios San Martín y Villa La Esperanza” de Abasto.

En el encuentro, según adelanta el escrito, habrá representantes del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, de la “Cooperativa del Agua” de Abasto, del Ministerio Público Fiscal, y “posiblemente familias afectadas por la problemática”.

La denuncia se inició con la intervención de la ahora concejal local de Unidad CiudadanaVictoria Tolosa Paz, quien cuando todavía no había sido electa motorizó una juntada de firmas y presentó la denuncia “por contaminación y fraude” a los usuarios de esa prestación, por la cual pagan.

Según la presentación, la cooperativa había vertido efluentes sin tratar sobre un canal abierto, lo que habría terminado por contaminar tanto las napas y los pozos de agua de esos dos barrios, exponiendo a la gente del lugar a todo tipo de enfermedades. Las familias expuestas serían unas 600.

Kreplak retoma varios informes técnicos para concluir que “allí hay una situación de extrema vulnerabilidad y evidente exposición de contraer enfermedades por parte de los habitantes de dichos barrios, generado por el grado de contaminación que representa el agua que consumen”. Para el magistrado, lo importante es encontrar una solución –más allá de una cautelar ya librada- más allá de si se han producido “conductas que resulten pausibles de sanción penal”.

La Cooperativa –con unos dos mil clientes- tiene una planta de tratamiento de efluentes cloacales pero ahora está en duda si verdaderamente funcionaba o sólo volcaba esas aguas servidas a cielo abierto, poniendo en riesgo a toda la población cercana.