Por mes, la Justicia local otorga más de cien amparos por casos de violencia de género

La defensora oficial del Juzgado del Crimen de Segunda Nominación de la ciudad de La Banda, Dra. Margarita Habra Fernández, se mostró sorprendida ayer por el “increíble crecimiento del número de casos por violencia de género registrados en los últimos meses.
Publicado el 04/07/2012 -

“Por día, estamos emitiendo no menos de cinco acciones de amparo por casos de violencia de género, que en más del 90% de los casos son víctimas las mujeres”, indicó ayer la funcionaria.

A la hora de hacer una descripción del común denominador de estos casos, señaló que la mayoría se desarrollan en escenarios con familias de bajos recursos económicos, que viven en condiciones de hacinamiento y con una fuerte presencia del alcohol y de otras sustancias.

De todas formas, dijo que la violencia entre hombres y mujeres dentro del seno del hogar también alcanza en buen número a las familias de clase media, y en menor medida a la clase más acomodada.

Otro dato revelador es que las denunciantes tienen entre 18 y 40 años, en su gran mayoría, y casi siempre las denuncias llegan luego de haber soportando una serie de sucesivos malos tratos, primero verbales, psicológicos y que explotan con las agresiones físicas.

La funcionaria judicial dijo que en todos los casos la primera medida es ordenar la exclusión del hogar del agresor -casi siempre es el hombre-, para avanzar en restricciones para evitar que se acerquen a la vivienda de las potenciales víctimas.

De todas formas, la Dra. Margarita Habra Fernández estimó que del total de casos que llegan a la Justicia, aproximadamente el 40% de las parejas logran restablecer su relación familiar, con la promesa de que “no va a volver a ocurrir”.

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Pero en los casos irreconciliables, surge otro problema que acarrea largos cabildeos, ya que muchos maridos o concubinos se niegan a cumplir con el pago de la cuota familiar que le corresponde por los hijos que quedan a cargo de la mujer.

Como muchas de las afectadas son beneficiarias de planes sociales por los que cobran no menos de mil pesos, algunos sujetos entienden que ya no están obligados a seguir aportando para un hogar del que fueron excluidos por la fuerza. Según la defensora, el marcado crecimiento de las denuncias se produjo en los últimos tres meses.

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