La Justicia de Uruguay le concedió este viernes la prisión domiciliaria al ex sindicalista argentino Marcelo Balcedo, lo cual fue apelado de inmediato por el Gobierno de Mauricio Macri, que además reclamó la restitución de sus bienes.

La jueza María Helena Mainard entendió que no existe riesgo de fuga y se destacó la situación de arraigo de la pareja en Uruguay, así como también el hecho de que todos los bienes y documentos de viaje de ambos se encuentran incautados, informó la prensa uruguaya.

En respuesta, la Cancillería realizó este viernes presentaciones escritas ante la justicia uruguaya, a través de la Embajada argentina en Montevideo, en el marco de la causa de la solicitud de extradición de Balcedo y de la paralela investigación en curso impulsada por la Fiscalía de Maldonado.

El objetivo de ambas presentaciones fue "garantizar que los bienes que habrían sido obtenidos ilícitamente por Marcelo Balcedo y Paola Marina Fiege, como resultado de actividades delictivas perpetradas en nuestro país, sean restituidos oportunamente en el marco de lo que disponen los convenios internacionales vigentes entre Argentina y Uruguay".

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La Cancillería, además, a través de los representantes legales locales contratados especialmente, apeló la decisión de conceder al requerido el beneficio de la prisión domiciliaria.

Balcedo era el titular del sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación en Argentina, pero vivía en Uruguay con su familia: se encuentra en prisión preventiva hasta que la Justicia dicte sentencia, y su esposa en arresto domiciliario por tener hijos pequeños a cargo.

El ex sindicalista está detenido en Uruguay desde el 4 de enero por pedido del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita junto a su esposa: sobre ambos pesan pedidos de extradición, aunque a raíz del hallazgo de distintos bienes en aquel país se inició allí una causa paralela.

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A su vez, la Cámara Federal de La Plata ordenó excarcelar este viernes a la madre de Balcedo. El fallo lleva las firmas de los jueces César Alvarez, Roberto A. Lemos Arias y Olga Angela Calitri, y ordena "revocar la resolución apelada y conceder la excarcelación a Myriam Reené Chávez, la que se hará efectiva por intermedio del juzgado de origen, bajo caución juratoria".

En octubre, la justicia federal de La Plata dictó la prisión preventiva y trabó un embargo de bienes por 400 millones de pesos a la mujer, procesada por haber recibido 64 millones de pesos del SOEME, dirigido por su hijo entre 2012 y 2017.

Los camaristas consideraron que no hay suficientes elementos para sostener que haya riesgos procesales, por lo que la mujer fue excarcelada bajo caución juratoria y no podrá alejarse a más de 50 kilómetros del country Abril. Concretamente, manifestaron que existe "un cuadro desprovisto de elementos concretos que indiquen un probable riesgo procesal", recordaron que "la imputada carece de antecedentes penales", tuvieron en cuenta "la edad avanzada de Chávez" y "el arraigo afirmado por la defensa que alejan la idea de elusión".

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Semanas atrás, la jueza Mainard finamente aceptó el pedido de Kreplak sobre la extradición de Marcelo Balcedo, aunque supeditó el traslado a la culminación del proceso en su contra en ese país por los delitos de lavado de activos, tráfico de armas, contrabando y apropiación indebida.

Kreplak investiga un presunto lavado de dinero que tiene como origen la defraudación a los afiliados del SOEME, pues se detectó que Balcedo, a través de su mano derecha Mauricio Yebra -también detenido en la causa- retiró entre los años 2012 y 2013 de una cuenta del sindicato en el Banco Columbia unos 80 millones de pesos a raíz del poder que le había otorgado el líder sindical para operar en su supuesto vaciamiento.

La Fiscalía del departamento uruguayo de Maldonado acusó formalmente al ex sindicalista argentino Marcelo Balcedo de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas, y pidió 11 años de prisión para él.