A raíz de las numerosas denuncias publicadas durante las últimas semanas en medios de la provincia de Buenos Aires, el diputado bonaerense del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez presentó una solicitud de informes a Gobernación, con el objetivo de obtener información fehaciente sobre la seguidilla de licitaciones de desproporcionadas dimensiones que fueron asignadas, en sospechosas circunstancias, a empresas del llamado Grupo L y pertenecientes a Víctor Lusardi y su familia.
Tiembla el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. No quedan, prácticamente, más dudas sobre el potencial involucramiento de uno de los pocos funcionarios del gobierno que formó parte de la dirigencia de Daniel Scioli y de María Eugenia Vidal por igual. “Está en las 3 orillas. En el gobierno de Scioli; en el de Vidal y también en la costa de los empresarios oscuros”. Las vinculaciones de Ferrari se extienden, además, a otro estamento en la mira de la Justicia y de los medios de comunicación por igual: El Servicio Penitenciario Bonaerense, en el que Fernando Rozas acumula un sinfín de acusaciones que van desde coimas; sobornos, hasta el intento deliberado de crear farmacias truchas.
El servicio que quedó ahora en el ojo de la tormenta es el de los alimentos a las unidades penitenciarias bonaerenses. En una reciente licitación, se le dio el grueso del servicio hasta el 2019 inclusive a la empresa Cook Master, perteneciente al Grupo L de Víctor Lusardi y su familia. Investigadas las licitaciones ganadas por el grupo en provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y diferentes distritos del Gran Buenos Aires, se observa la misma dinámica. Sobornos, coimas, pago de un porcentaje del total de la licitación y un pliego a medida.
De este modo y en respuesta a lo investigado, el diputado Gutiérrez hizo referencia a que “a los pocos días de llamarse a licitación pública, se realiza el acto administrativo por el que se otorga la contratación del servicio a las tres empresas” - las porciones menores se repartieron entre Servicios Integrales de Alimentación S.A. (por más de $27 millones), y Compañía Integral de Alimentos S.A. (por más de $240 millones). Pero el grueso de la adjudicación, por $1.030.621.592, fue para una sola: Cook Master S.R.L.
Por tales razones, requiere conocer “cuáles fueron los parámetros inflacionarios o medición de índices que se tuvieron en cuenta para realizar la estimación de compra de insumos, gastos y mantenimiento del servicio por el plazo de 730 días. En tal caso, informe cuáles serán las imputaciones presupuestarias del año en curso, 2018 y 2019”.
Finalmente, se exige información acerca de “cuáles han sido los criterios seguidos” para el otorgamiento de dicho servicio para diferentes Unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y “si se respetaron todos los pasos que establece la ley de licitación pública para la adjudicación de un servicio por parte de una empresa privada al Estado provincial”.
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