“El Gobierno está dispuesto a confiscar por decreto gran parte de los salarios de los empleados públicos. Weretilneck debe saber que sin paritarias, no puede haber paz social en la provincia. Si el Ejecutivo no abandona la idea del 17% y convoca rápidamente a discutir un aumento real, las medidas de fuerza se van a profundizar, no por capricho, sino por necesidad”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.

“La crisis financiera en la que está inmersa la provincia no la generamos nosotros. El ajuste no lo vamos a pagar los trabajadores, ni el pueblo rionegrino”, afirmó Aguiar.

El sindicato convoca a los agentes públicos a retirarse de los sectores de trabajo a partir de las 10. Teniendo en cuenta el receso de verano en la mayoría de las dependencias, y que el recorte fundamentalmente se plantea en el Ministerio de Salud a través del achique de guardias y horas extras, las protestas se centralizarán en los hospitales en la mayoría de las localidades.

La medida de fuerza se convierte en la primera de 2017 y forma parte de un plan de lucha para enfrentar las políticas de ajuste y cuya continuidad se terminará de definir en un plenario de secretarios generales que sesionará en San Carlos de Bariloche en las próximas semanas.

Para la entidad gremial el Gobierno “pretende confiscar por decreto una parte importante de los salarios de todos los empleados públicos (estatales, docentes, judiciales, legislativos, policías en actividad y retirados, además de jubilados entre otros sectores), ya que esto ocurriría si se materializa la advertencia hecha pública por Alberto Weretilneck y se elimina el ámbito paritario otorgando de manera directa una recomposición solamente del 17%”.

En relación a este punto, desde ATE se exige al Gobierno “una urgente convocatoria para discutir el incremento de haberes para este año, señalando que sin paritarias, no habrá paz social en Río Negro”.

Por otro lado, el gremio asegura que el recorte de gastos de un 25% o 30% definido por el Gobernador es “inviable en la práctica, sin disminuir la cantidad y calidad de las prestaciones estatales, además de poner en riesgo los servicios esenciales de salud, educación, programas sociales y de seguridad”.

Por último, la organización que representa a los estatales manifiesta su enérgico rechazo al endeudamiento de más de 500 millones de dólares, indicando que se trata de “un acto de absoluta irresponsabilidad que compromete a futuras generaciones de rionegrinos, provoca una pérdida de autonomía de la provincia frente a organismos de créditos internacionales y necesariamente se pagará con ajuste de los trabajadores y todo el pueblo”.