El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta ya comenzó a cavilar cómo será la cobertura de dos codiciadas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el equivalente porteño a la Corte Suprema. Más allá de la danza de nombres para los candidatos que surjan y que deben ser validados por la Legislatura, se pone en juego un sistema de alianzas que servirá de termómetro sobre el balance de poder en el ámbito capitalino que le ha garantizado gobernabilidad a Rodríguez Larreta. Las negociaciones subterráneas se activaron sin esperar el regreso de la feria judicial.

El 20 de diciembre pasado los jueces Ana Conde y José Osvaldo Casás presentaron su renuncia al TSJ, prevista desde comienzos de año por acceder a sus jubilaciones. El Ejecutivo las aceptó sin sorpresa y comenzó a pensar en el recambio. El movimiento que se avecina no es menor si se tiene en cuenta que dos nuevos lugares se abren en un tribunal con marcada estabilidad. Su última ingresante fue su actual titular, Inés Weinberg de Roca, en 2013, a instancias de Mauricio Macri. Junto a ella, permanecen Alicia Ruiz y Luis Lozano, los otros dos miembros que completan el TSJ reducido. Que sean dos vacantes ayuda a la negociación: Rodríguez Larreta podrá retener un lugar para alguien de su propio riñón y a la vez ceder un sillón para obtener la cantidad de votos necesarios. Son necesarios dos tercios de los legisladores para validar los pliegos, 40 votos.

Operadores judiciales comenzaron a barajar quiénes podrían ser los destinatarios de esos lugares teniendo en cuenta este escenario de negociación. El recambio del tribunal sería mayoritario si prosperase el pliego de Weinberg de Roca para dar el salto a la Procuración General. El Senado lo congeló y estiró el interinato de Eduardo Casal, algo que no incomodó del todo al Gobierno nacional. Las dos vacantes abren el juego para las especulaciones. Con un bloque de 34 votos propios en la Legislatura, el oficialismo deberá conseguir un aliado para cubrir la brecha de seis voluntades. Allí, por un lado se asoma el histórico dirigente PJ porteño con amplios acuerdos de gobernabilidad con el oficialismo que es Juan Manuel Olmos. Posee un bloque de 4 miembros pero su conocimiento del terreno le permitirá atraer monobloques para arribar cómodamente al número. Esto le garantiza también una proyección de tranquilidad en el terreno judicial a Rodríguez Larreta en el tablero de poder porteño, el año en el que buscará su reelección.

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La otra opción para el larretismo es acudir a la UCR versión Martín Lousteau. Esa pata radical tiene por detrás al histórico operador Enrique “Coti” Nosiglia, de muy buenos lazos con el Poder Judicial. Este bloque posee los 6 nombres que necesitaría el oficialismo para asegurarse que prosperen los pliegos en la Legislatura. Sobre esta encrucijada se hamacará Rodríguez Larreta antes de proponer los nombres.

El nombre que surja para la silla reservada también servirá para probar el estado de la relación con el presidente de Boca Juniors, Daniel “Tano” Angelici. Hasta el fracaso del operativo de seguridad en la malograda final de la Copa Libertadores entre River y los xeneizes, el exministro de Seguridad, Martín Ocampo, era número puesto para escalar al TSJ. Hoy su cotización está en baja luego de haber sido el único que pagó los costos políticos por el escándalo. Por estos días tendría que regresar a la Fiscalía General sin hacer olas. La decisión de eyectarlo de Rodríguez Larreta tensó su vínculo con Angelici. Otros de los nombres que circulaban por pasillos para eventuales reemplazos son los de Santiago Otamendi, actual secretario de Justicia y N° 2 de Germán Garavano; y el de la saliente presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Marcela Basterra.

El primero es juez porteño y renunció para desembarcar en 2015 en la cartera de Justicia, quedando al frente también de la representación argentina ante los organismos multilaterales de lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero. Basterra proviene del ámbito académico y de buena sintonía con Rodríguez Larreta. Capeó un temporal de “fuego amigo” cuando se montó un operativo de desprestigio sobre supuestos gastos en el organismo que ella presidía. La camarista penal Marcela de Langhe es actualmente la rectora del Instituto Superior de la Seguridad Pública de la Policía Metropolitana y suma chances porque no es identificable su procedencia y recorrió la carrera judicial dentro de la Ciudad. El perfil del TSJ no encuentra, salvo en Weinberg, jueces que puedan ser asimilados al Gobierno. Tan cierto como que el tribunal jamás trabó alguna política central para su administración.