Liberan $ 320 millones para las obras sociales sindicales

Es un gesto del Gobierno hacia los gremios, en medio de la tensión por el bono de Navidad. Son para achicar el déficit.

La Superintendencia de Servicios de Salud, ahora en manos sindicales, ya empezó a distribuir el dinero para las obras sociales: ayer se liberó el pago de 320 millones de pesos que se destinarán a compensar “de manera equitativa” el déficit financiero de esas entidades.

Fue la primera medida que tomó el flamante titular de la Superintendencia, Luis Scervino, un médico de 58 años que hasta ahora estuvo a cargo de la dirección profesional de la obra social de Obras Sanitarias, el gremio de José Luis Lingeri, y cuya designación en aquel organismo fue respaldada por diversos sectores del gremialismo tras haber sido durante varios años miembro de la comisión de expertos que asesoró a la CGT Balcarce en cuestiones de seguridad social.

El nombramiento representa el intento de Mauricio Macri de garantizar la gobernabilidad mediante la entrega al sindicalismo peronista de una estructura que controla los fondos de las obras sociales. Sin embargo, Scervino también llega a su puesto porque desde hace un año y medio integra el Grupo Medeos, como también se conoce al Foro para el Desarrollo de las Ciencias, un ámbito pluralista y académico donde elaboran propuestas sobre salud.

Allí, el titular de la Superintendencia convive con el actual ministro de Salud, Jorge Lemus, y con otros expertos como Rubén Torres (Universidad Isalud), Elías Hurtado Hoyo (Asociación Médica Argentina) y Alberto Mazza (ex ministro de Salud del menemismo), entre otros, que el año pasado presentaron un Plan Nacional de Salud que defiende el sistema de obras sociales.

Con el auspicio sindical y el respaldo académico, Scervino conduce un organismo siempre sospechado de ser la “caja” del gremialismo peronista. Por eso también hubo algunas intrigas alrededor de la gerencia general de la Superintendencia, el segundo puesto jerárquico. Lemus logró designar allí a Sandro Taricco, un ex gerente de Administración en 2009, cuando la entidad era manejada por Juan Rinaldi (que llegó gracias a Moyano y luego se peleó con él), pero hubo sectores políticos y sindicales, enfrentados con los que impulsaron a Scervino, que promovían para ese cargo a Mario Lugones, un directivo del Sanatorio Güemes.

El poder de la Superintendencia es clave. No sólo tiene que ver con el control y reparto de los fondos de las obras sociales, en una estructura que funciona con un presupuesto de 7.000 millones de pesos anuales, sino que también interviene en la regulación de las prepagas.

Scervino y los dirigentes gremiales que lo apoyan deberán empezar a negociar con Macri, Lemus y las autoridades económicas un tema clave: cómo descongelar los casi 40.000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución, destinado a pagar los tratamientos médicos de alta complejidad, que Cristina Kirchner se negó a distribuir entre las obras sociales como una manera de mantener disciplinados a los sindicalistas, pese a que ese dinero proviene del aporte de los trabajadores. Una de las ideas por conversar es que parte de esa plata sea destinada a la construcción de infraestructura hospitalaria para las obras sociales.

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