La visibilización pública de la violencia de género y el aumento de los femicidios llevó a diversos gremios a impulsar que se otorgue una licencia que logre contemplar las necesidades de las víctimas, una iniciativa que registró un hito en 2014, cuando se le concedió ese beneficio por primera vez en el país a una docente de Chubut, aunque aún hoy persisten resistencias en el sector privado.

El 3 de junio de 2015 irrumpió en las calles el grito “Ni Una Menos”, una convocatoria que nació de un grupo de periodistas, activistas y artistas pero fue apropiada por la sociedad, que le puso nombre propio al flagelo de la violencia de género con el que miles de mujeres convivían silenciosamente, y desde entonces el tema se instaló en la agenda pública, política y laboral.

Pero antes de su masividad, el reclamo de una herramienta para abordar la cuestión en el ámbito laboral había logrado cierto consenso en los gremios, en especial en aquellos sectores donde trabajan muchas mujeres.

A partir de la militancia de las comisiones de género o de mujeres se comenzaron a tratar los primeros proyectos de licencias para paliar la problemática y, unos años más tarde, empezaron a verse los primeros frutos.

En 2014 una docente de Chubut que debió ser hospitalizada por las heridas que sufrió en un ataque de su pareja, logró acceder por primera vez en el país a una licencia con goce de sueldo por violencia de género, un caso que usó una figura por entonces casi desconocida que la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) había incluido en la homologación de sus negociaciones paritarias de ese año.

Fue el puntapié para dejar de recurrir a vías alternativas que justificaran el ausentismo laboral, como las licencias psiquiátricas, que implicaban invisibilizar el flagelo social y sumaban vulnerabilidad laboral a una realidad personal angustiante.

En paralelo, ese mismo año desde la CTA Rosario se presentó un primer proyecto de Ley provincial de ‘Licencia Laboral por Violencia de Género’ para todas las trabajadoras de la administración pública santafesina. La iniciativa nunca se trató en la Legislatura, pero la licencia hoy rige, bajo distintas modalidades precarias, para las municipales, docentes, profesionales de la salud y asistentes escolares.

“Hoy el proyecto de licencia está en la agenda de las mujeres trabajadoras”, señaló a Telam María José Gerez, secretaria de género de la central y militante de la agrupación feminista Mala Junta, quién estimó que la iniciativa puede avanzar este año.

Para su germen en el ámbito nacional hay que remontarse al 25 de noviembre de 2014, cuando en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, se presentó el primer proyecto de Ley Nacional para lograr esta licencia para todas las trabajadoras del país de la mano del entonces diputado Víctor De Gennaro.

Al año siguiente, y ya al calor del Ni Una Menos, la ciudad de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Pampa, entre otras y numerosos municipios comenzaron a aprobar normativas en ese sentido.

Hoy, en el recinto se encuentra una iniciativa redactada por la diputada Anabella Ruth Hers Cabral (Cambiemos) y respaldada por sus pares de bancada Karina Molina, Cornelia Schmidt Liermann y Carlos Roma, para modificar la Ley de Contrato de Trabajo y sumar la norma.

Un caso paradigmático se gestó en el Banco Provincia de Buenos Aires, donde la Comisión Gremial Interna el 2 de junio de 2015, un día antes de la irrupción pública del Ni Una Menos, logró incorporar a los derechos de los empleados una serie de acciones para contener y orientar a trabajadoras que denuncien ser víctima de violencia de género.

Entre las acciones se destacan los días de licencia con goce de sueldo y la posibilidad de contar con acompañamiento terapéutico, asistencia legal, traslados si es necesario salir de un círculo violento, una ayuda económica a muy bajo costo y utilizar el sistema de garantías del Banco en caso que sea necesario encarar un alquiler.

Sin embargo, la principal deuda del fenómeno está en el sector privado, donde la excepción son los Metrodelegados, que lograron sumar el año pasado la licencia al régimen laboral.

“Metrovías se resistió mucho a la incorporación de la licencia, pero ahora está mucho más receptiva”, contó Karina Nicoletta, secretaria de Género de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro.

Se trata de una licencia con goce de sueldo que permite que quienes padecen esa situación accedan a 10 días para encarar soluciones a la problemática sin por ello poner en riesgo su empleo.

Mónica Meneiro, secretaria de Género de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), aseguró que el tema se está discutiendo con las empresas y que ya hubo acuerdo para que se incorpore a las firmas Duty Paid, Intercargo y en el Convenio Colectivo de Trabajo que se está gestando con la aeronáutica Andes.  “Para nosotros es muy importante que se llame ´Violencia de Género´ y no se oculte más el tema”, señaló.