La vigencia durante apenas una mañana de una resolución que garantizaba el pago de los salarios o le permitía distribuir los tiempos de trabajo al personal licenciado con hijos en edad escolar, adultos mayores o familiares enfermos a cargo se sumó ayer a una larga lista de anuncios truncos o medidas que no llegaron a ver la luz y cayeron víctimas de lobbies. La norma llegó a contar con la firma de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de su par de Trabajo, Claudio Moroni, pero no alcanzó a ser publicada en el Boletín Oficial que por la tarde volvió para revisión y su implementación pasó a ser una incógnita.

Se trata de una medida ideada para cerrar un vacío legal desde el arranque de la cuarentena y que tal vez pasará a la historia del mandato de Alberto Fernández como la de menor duración. La resolución conjunta número 3 de ambas carteras, con las firmas electrónicas de sus responsables, establecía una garantía del pago de sueldos para las personas dispensadas de concurrir a sus puestos laborales al arrancar el aislamiento preventivo y obligatorio, el 19 de marzo, por contar con hijos menores de seis años escolarizados y con el sistema educativo cerrado. En esos casos la dispensa regía desde el principio de la cuarentena pero al no haber sido precisada la obligación de pagarles el sueldo los empleadores habían optado por no hacerlo.

También contemplaba la posibilidad de “pautar horarios compatibles con las tareas de cuidado” para los “trabajadores y trabajadoras, ya sea que presten tareas en forma presencial o desde su domicilio, que acrediten estar a cargo del cuidado de niños y niñas de entre seis y doce años, de personas con discapacidad o de adultos mayores dependientes”. En esos casos garantizaba la chance de disponer de “dos interrupciones por jornada, siempre que ello no afecte el cumplimiento de sus tareas o de la jornada legal o convencional”.

En cualquier caso ambas coberturas apuntaban a asegurar “el goce íntegro de haberes” y una vigencia igual a la de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la suspensión total o parcial de clases presenciales en las escuelas, en la localidad donde resida el trabajador o trabajadora que la solicita”. Otro punto novedoso establecía la “promoción de la corresponsabilidad” entre varones y mujeres para “velar por un uso equitativo, en términos de género, de las medidas dispuestas” y “evitar una mayor feminización” de las labores de cuidado. Por último consagraba el “derecho a la desconexión digital” de las personas contempladas en la medida que desarrollaran teletrabajo.

La norma llegó el miércoles a última hora a los correos electrónicos de abogados de empresas y sindicatos y a continuación a los de periodistas. Para entonces ya estaba suscripta y con número para su publicación. Tras las confirmaciones de rigor en ambas carteras a media tarde llegó la novedad de la marcha atrás. La medida debía volver a Trabajo para una supuesta revisión de sus aspectos técnicos. La última versión de los funcionarios daba cuenta de que no había garantías de que la resolución finalmente se cristalizara.

La marcha atrás en una instancia tan avanzada podría leerse como una desinteligencia entre dos carteras de gobierno si no fuera por los antecedentes, todos en la misma dirección protectoria de intereses empresarios y en contra de blindar derechos de trabajadores, del Gobierno desde su misma asunción y, sobre todo, a partir de la declaración de la pandemia del coronavirus.

La primera señal en ese sentido podría rastrearse con el anuncio de Techint de que despediría a 1.450 trabajadores de la construcción de obras en tres provincias. Al enojo de Alberto Fernández y su calificativo de “miserable” que pareció dedicarle directamente a Paolo Rocca, número uno de la siderúrgica, le siguió una negociación exprés en el Ministerio de Trabajo que terminó por confirmar las cesantías sin siquiera un compromiso por escrito de reincorporaciones en caso de la vuelta de las obras.

En medio de la cuarentena la misma cartera avanzó con un proyecto de regulación del trabajo en las aplicaciones de delivery que buscaba darles mayor cobertura legal a unos 80 mil repartidores de Rappi, Glovo, PedidosYa y UberEats. Con un borrador listo y girado a gremios y empresas la propuesta naufragó ante la oposición de un sector de abogados laboralistas y, sobre todo, de los representantes en la Argentina de esas empresas transnacionales.

No menos sugestivos fueron los planteos empresarios de diferir para 90 días después del levantamiento de la cuarentena la vigencia de la eventual ley de teletrabajo, a punto de ser aprobada en Diputados, y en un nivel más visible las marchas y contramarchas oficiales respecto del futuro de la cerealera Vicentin a partir de una presión coordinada entre sectores patronales y de la oposición con la colaboración de medios de comunicación.

Otra iniciativa que parece haber corrido por ahora la misma suerte hasta ahora fue la de un aporte extraordinario por ley de parte de las mayores fortunas de la Argentina para el refuerzo del sistema sanitario y del tejido productivo. Ni siquiera pareció pesar la autoría de Máximo Kirchner ni el apoyo explícito de Alberto Fernández para que la medida comenzara su tránsito parlamentario.

A diferencia de una modalidad que se impuso durante la gestión de Mauricio Macri, que pasaba por anunciar una quita de derechos o una suba tarifaria de magnitud para terminar por implementar algo menos dañino para el bolsillo, los retrocesos del Frente de Todos golpean directamente las expectativas de su propio electorado entre esos anuncio y la inmediata frustración o dilación extendida en el tiempo.