La Corte Suprema de Justicia cuestionó la intromisión del Ministerio de Trabajo en la vida interna de los sindicatos al desbaratar una maniobra gestionada en complicidad con la justicia federal para controlar la elección de autoridades en la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), que desde su intervención se colmó de allegados al ministro Jorge Triaca. La resolución de la Corte, que firmaron tres jueces y no difundió el portal del CIJ, cuestionó en concreto una decisión del juez federal Ariel Lijo, quien llamó a elecciones a pedido del interventor que responde a Triaca, y ordenó que el tema pase al fuero laboral.

El llamado de atención a Triaca lleva las firmas de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, quienes se remiten al dictamen del procurador interino Eduardo Casal. La resolución explica que tanto la Cámara de Apelaciones del Trabajo como Lijo se declararon competentes pero que en los hechos “no se advierte un conflicto real”. “Resulta indudable que la materia implicada” en el recurso iniciado por la intervención “es exclusiva del fuero nacional del trabajo”, destacan. En consecuencia, le ordenan a Lijo “circunscribir su actuación” a una causa penal por “presunta resistencia o desobediencia” de la resolución por la que Triaca designó a un “delegado normalizador” y remitir el expediente de la elección a la Sala VI de la Cámara laboral.

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“La Corte dispuso que la Justicia del Trabajo es la competente para resolver los conflictos entre un sindicato y el Ministerio de Trabajo cuando éste pretende intervenirlo recurriendo a la figura del ‘delegado normalizador’”, destacó vía Twitter el ex diputado Héctor Recalde. “La Justicia Penal no puede intervenir sindicatos”, recordó, y apuntó que el caso fue litigado por el abogado laboralista Gustavo Ciampa. El asesor legal de la CTA Autónoma, Horacio Meguira, destacó que “la Corte determinó que las cuestiones sindicales en las que el Ministerio de Trabajo interfiere en el ejercicio de la libertad sindical se deben dirimir en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.

La Upsra, que abarca a unos 150 mil vigilantes privados con salarios medios de 20 mil pesos y extensas jornadas de trabajo, fue el segundo de los diez sindicatos intervenido por Triaca, quien nombró como “delegado normalizador” a Patricio Castro, hijo de un viejo amigo de su padre, según apuntó ayer Infogremiales. Tal como sucedió en con los marítimos del SOMU, “desde el desembarco de los interventores se colmó el gremio de familiares, militantes y amigos del ministro”, que “otorgó decenas de contratos y distribuyó negocios”, apuntó el portal.