El bloque de Hacemos por Córdoba en el Legislativo municipal se reunió el martes con el intendente, en el subsuelo del Palacio 6 de Julio. Allí, Martín Llaryora pidió a cada uno de los ediles que deje -al menos momentáneamente- de lado sus diferencias con el resto, que suspenda sus disputas territoriales con los directores de los CPC y que tenga en claro que, sea cual sea la vertiente del PJ que lo llevó a su banca, debe responder al intendente. Cualquier incipiente interna entre viguistas y llaryoristas en el territorio quedó también postergada.

Lograr una mayor cohesión dentro de la bancada oficialista, se vería horas más tarde, no era un capricho de las formas sino un imperativo de las necesidades. Ayer, pasado el mediodía, se dio a conocer que el municipio avanzará en una reducción de la jornada laboral -y consecuentemente, del salario- de todos los municipales que no se desempeñen en las áreas de Salud o Educación.

Esta modificación se hará por ordenanza, con lo cual el bloque no debe exhibir fisuras al momento de tratar el proyecto, que sería abordado este viernes por el Concejo Deliberante. Los cambios recaerían sobre la Ordenanza de Remuneraciones (N°7974), que en su artículo 10 establece una jornada laboral de 7 horas para los municipales que sería reducida a 6.

El ahorro para el municipio, que ha visto caer significativamente su recaudación como reflejo del parate económico que implica la cuarentena amén de una profunda crisis económica de base que le precede, sería significativo, ya que todas las bonificaciones que perciben los empleados se calculan en relación al salario básico.

La iniciativa planteada por el Ejecutivo implica una gran avanzada sobre el Suoem, que desde luego buscará resistir la medida.

La oportunidad resulta propicia. En estos momentos una gran parte de la planta municipal se encuentra alcanzada por el receso administrativo dictado en función de la cuarentena y los términos del distanciamiento social impiden -o, cuanto menos, dificultan ampliamente- una respuesta del sindicato. Sin embargo las medidas que decida el Suoem son, de momento, una incógnita.

Hasta ahora, la estrategia del gremio estaba dividida en dos frentes. Uno judicial, para resistir el recorte a las jubilaciones superiores a 110.000 pesos que cobran buena parte de los pasivos del municipio y, llegado el caso, para oponerse también a un hipotético ajuste sobre las bonificaciones establecidas en el artículo 8 de la ordenanza de remuneraciones, que llegan a significar sobresueldos de hasta el 50 por ciento para los empleados activos.

Y otro que se libraría al momento de volver el resto de la planta hoy alcanzada por el receso a sus puestos de trabajo, y que buscaría resentir los servicios que presta el municipio para presionar al Ejecutivo a través del descontento de los vecinos, que se desayunarían al final de la cuarentena con asambleas y paros que no les permitirían resolver trámites y gestiones postergadas por la cuarentena, a la vez que se dejaría a la ciudad desprovista de la fuerza de trabajo necesaria para atender a la limpieza y el mantenimiento de espacios públicos.

Para sobrellevar esta contraofensiva del sindicato, el municipio lleva algunas semanas robusteciendo programas tales como el de Servidores Urbanos, que administra la Secretaría de Políticas Sociales y que implica dotar a los directores de CPC y a otras áreas del municipio de una fuerza de trabajo paralela a la que ofrece la planta estable.

Actualmente, los servidores urbanos realizan tareas tales como desmalezamiento y limpieza y asisten también en la erradicación de micro basurales, aunque nada impide que, con breves capacitaciones, puedan ampliar su repertorio. El programa de voluntarios llamado Cascos Azules, que funciona bajo el mando de la Secretaría de Ambiente, suma también alguna asistencia no ligada al Suoem al Palacio 6 de Julio.

Otra de las fortalezas para el Ejecutivo es la fragmentación del arco gremial municipal. De momento, el Surrbac, debilitado por la intervención que pesa sobre sí y sobre su mutual y por las causas judiciales de sus líderes, ofrece amplia colaboración al Esop, conducido por Victoria Flores; y la Uta tampoco da mayores dolores de cabeza al municipio ni a la Tamse, dirigida por Marcelo Rodio.

Así, la apuesta sería preparar a la Municipalidad para que un paro del Suoem no implique un paro de la actividad municipal.

A estos fines, la cuarentena ha servido como un tubo de ensayos. Tras más de un mes con gran parte de los planteles municipales recluidos en sus domicilios, la ciudad no parece acusar grandes necesidades. Esto dejaría en evidencia lo siguiente: el Suoem no tiene poder gremial en un sentido genuino, como sin duda lo tienen, por caso, los sindicatos ligados al transporte, que pueden paralizar jurisdicciones completas reteniendo servicios.

Por el contrario, depende de la fuerza de presión que le concede el daño que el mismo pueda generar a la ciudad buscando activamente ocasionarlo, y no al efecto que cause la mera inacción de sus representados.

Proyecto

Al momento no se conocen mayores precisiones sobre la iniciativa que impulsa el Ejecutivo, pero sí se sabe, por ejemplo, que los recortes no alcanzaran al área de Educación, conducida por la secretaria general del Suoem, Beatriz Biolatto. Esto habría desatado sospechas entre delegados de otras áreas, que si perderían de aprobarse la modificación propuesta por el Palacio Municipal.

A su vez, hay quienes entienden que el recorte de jornadas y salarios podría terminar sirviendo como una herramienta al Ejecutivo para fomentar la adhesión de empleados al régimen de pasividad anticipada dispuesto junto con la emergencia que Llaryora declaró días después de asumir el mando del Palacio 6 de Julio, que hasta el momento no había tenido demasiada prédica entre los municipales y que fue recientemente extendido hasta fines de mes.