La baja de cargas patronales a la que apunta el Gobierno podría representar un costo fiscal de más de $ 70 mil millones -con su actualización por inflación hacia el 2022-, una cifra que  en los cálculos oficiales podría compensarse con el “ahorro” en jubilaciones por el cambio de la ley de movilidad a un sistema de ajuste sólo por inflación. En la estimación del Gobierno, se “ahorrarían” $ 100 mil millones en jubilaciones. 

Hoy el salario promedio del sector privado ronda los $ 24 mil pesos. El proyecto del Gobierno en reforma impositiva establece, para las cargas patronales, un mínimo no imponible de $ 12 mil a partir del que se empiezan a pagar contribuciones patronales. “Con los salarios del mercado actual, la mitad no pagaría contribuciones patronales”, evaluó Luis Campos, director del Observatorio de Derecho Social de la CTA-Autónoma. Sin embargo, aclaró que a esos $ 12 mil se llegaría en 2022 de acuerdo con la escala oficial.

La propuesta que delineó Nicolás Dujovne establece que el año próximo el Estado “condonará” los primeros $ 2.400 en contribuciones patronales, mientras que en 2019 esa cifra ascenderá a $ 4.800; en 2020 será de $ 7.200 y en 2021, de $9.600. 

Para los técnicos de los gremios, además, hay puntos preocupantes que, sin embargo, creen que serán negociados por los sindicatos grandes. “Los salarios más bajos quedarán directamente exentos de contribuciones, aunque se trate de trabajadores de grandes empresas”, destacó un informe de Cifra, que agrega además que “si bien el gobierno afirma que esta reducción favorecerá el empleo registrado, entre 1994 y 2000 las contribuciones patronales bajaron del 33% al 17,8% mientras se incrementaron la desocupación y el empleo “en negro”.

Uno de los puntos que preocupa a los especialistas es la creación de un “fondo de cese laboral”. La ley “socializa los despidos”, aseguró Campos. 

El fondo permite “financiar el pago de preaviso y despido sin causa, sustituyendo las obligaciones previstas al empleador”, explica el análisis de Cifra que además advierte que facilita los despidos al suprimir el pago de una sola vez y no garantiza que se cubra el monto de una indemnización.

El “fondo antihuelga” con aportes por sectores económicos, como ya fue bautizado, puede generar, además, un traslado a precios. 

Altos ingresos. Por otra parte, los trabajadores pueden llegar a cobrar la mitad de lo que perciben hoy por indemnizaciones o retiros voluntarios. “El cambio en indemnizaciones le pega a los salarios más altos, por eso es probable que los gremios con mayores ingresos intenten desactivar estos puntos”. Uno de los que se manifestó ayer después de la reunión con el ministro Jorge Triaca y la CGT fue el representante de la Corriente Federal, que preside Sergio Palazzo, de la Bancaria, uno de los gremios de más altos ingresos.

También están más afectados los que reciben plus como adicionales o beneficios extra como autos o celulares, mientras que en el caso de los operarios, pone en riesgo lo correspondiente a horas extra. “Los visitadores médicos, por ejemplo, que perciben un fijo y un extra por comisión, pueden llegar a cobrar un 50% menos de indeminización”, señaló Campos.