Un año de lógicos y justos reclamos municipales ante la Provincia

Un año de lógicos y justos reclamos municipales ante la Provincia
En el marco de un año de estrechez económica, con una inflación casi fuera de control que licua diariamente los salarios de la gente y los presupuestos de los respectivos gobiernos, la relación entre los municipios de Córdoba y la administración provincial que lidera José Manuel de la Sota se caracterizó por las continuas disputas y por la falta de un diálogo institucional serio y coherente.
Pese a que las remesas de coparticipación federal y la recaudación de impuestos propios crecieron más de 38% como consecuencia directa del impacto de la inflación en el IVA y en Ingresos Brutos, el Gobierno cordobés dejó de entregar a las intendencias y comunas centenares de millones de pesos que usó en beneficio propio para cubrir su propio déficit fiscal y las erogaciones millonarias en publidad.

Como claro ejemplo, puede señalarse que el año 2013 concluye sin que los municipios hayan cobrado un sólo peso de los aportes provinciales para Niñez y Ancianidad.

También la mayoría de las intendencias fue dejada de lado por De la Sota a la hora de adjudicar los casi 100 millones de pesos recaudados en concepto del Fondo de Infraestructura Municipal. Éste se nutrió con la nueva sobretasa que abonaron los productores rurales con el respectivo Impuesto Inmobiliario.

Aunque De la Sota debió coparticipar el 20% de ese fondo por igual a todas las intendencias, el reparto del dinero se hizo de manera discrecional y a un número muy reducido de pueblos y ciudades.

Por otra parte, y pese a los justos reclamos de mayores aportes para financiar los servicios municipales de salud, el Gobierno de Córdoba retaceó la entrega de los recursos del Fofindes. La situación es aún peor, ya que con el dinero retenido De la Sota compró y repartió discrecionalmente decenas de camiones y maquinarias viales compradas con la plata que técnicamente les correspondía a los municipios y comunas.

Consciente de que su administración estaba en falta con los intendentes, De la Sota decidió paralizar el funcionamiento de un organismo como la Mesa de Trabajo Provincia-Municipios que tantos éxitos le generó en sus dos gestiones anteriores al frente del Gobierno cordobés.

Por si esto fuera poco, el reparto discrecional de ATP y PAM premió en primer término a las localidades gobernadas por intendentes delasotistas y luego a las opositoras, aunque con mucho menos dinero. Las que responden al kirchnerismo fueron dejadas de lado por la Provincia, con la excusa de que reciben mucho apoyo financiero de la Nación.

Como era previsible esta actitud soberbia de las autoridades de Córdoba generó el enojo de los intendentes, dejando a De la Sota sin uno de los sostenes más importantes que siempre tuvo a la hora de gobernar.

Los magros resultados electorales, el narcoescándalo, el motín policial y los saqueos obligaron a De la Sota a cambiar el rumbo. Modificó medio Gabinete y convocó a seis intendentes de estrecha confianza.

Es de esperar que los nuevos ministros recuperen en el 2014 el perdido diálogo institucional. Si esto se logra, será un beneficio para toda la Provincia y para los vecinos de cada pueblo que fueron los principales perjudicados por el mal manejo político que caracterizó la relación entre el gobierno central y los 427 municipios y comunas de Córdoba.

Otro nuevo sistema de reparto

La creación de nuevos impuestos provinciales, con fondos fijos específicos y el discrecional uso que hace el gobierno de José Manuel de la Sota de los recursos que deberían ir de manera proporcional a cada municipio y comuna, plantea la necesidad de que por una ley provincial se revea el actual sistema de reparto de la coparticipación provincial.

No puede ser que la Provincia se desligue cada vez más de distintos servicios como los de salud y acción social, dejándolos en manos de los intendentes, sin que ello implique la entrega de mayores recursos. La nueva legislación que impone el actual contexto económico y financiero del país y la Provincia surge a priori como ineludible, si es que De la Sota no pretende asfixiar las intendencias.

Éstas en muchos casos se han convertido en simples organismos pagadores de sueldos, con escasas posibilidades de realizar obras públicas o de mejorar los servicios que reclaman los vecinos. La realidad de una provincia como Córdoba donde el municipalismo tiene un peso específico único en comparación con otros estados argentinos, impone un reparto de recursos más maduro. De lo contrario en el 2014 se profundizará la inequidad existente.

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