Siguen las esquirlas tras la marcha de la CGT a Plaza de Mayo. Luego de las primeras represalias al eyectar de la gestión a dos funcionarios ligados a la central obrera, el Gobierno prepara otra embestida contra los sindicatos: la Oficina Anticorrupción (OA) analiza por estas horas una fórmula legal para pedir a los máximos referentes de los gremios que muestren sus declaraciones patrimoniales de bienes.

Según contó Infobae, quizás el portal más utilizado por el macrismo para difundir sus operaciones, “la intención del Gobierno es poner de manifiesto el incremento patrimonial que tienen hoy muchos de los sindicalistas que se subieron al palco de la CGT en la Plaza de Mayo y también de otros que no estuvieron allí”.

Lo curioso es que la OA no tiene facultades legales para exigir que los gremialistas presenten sus declaraciones juradas de bienes porque no son funcionarios, por lo que sostuvieron que se está analizando alguna herramienta legal para poder instar a los sindicalistas a quedar expuestos si no aceptan el desafío oficial.

La embestida del Gobierno contra los gremios tiene un antecedente: en mayo pasado, en medio de la protesta contra el Gobierno que protagonizaron cuatro de las cinco centrales obreras, la diputada Elisa Carrió (CC-Cambiemos) presentó un proyecto de ley para obligar a “autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales y obras sociales” a presentar declaraciones juradas en los términos de la ley de Ética Pública.