Un llamado de Mauricio Macri sacudió ayer el debate en la CGT por su inminente plan de lucha coordinado con movimientos sociales. El jefe de Estado habló con Gerardo Martínez sobre la reactivación de la obra pública , lo que en la central obrera fue interpretado como un gesto orientado a suavizar la relación y a desacoplar el sindicalismo organizado de los grupos de piqueteros.

Ese acuerdo, que vio la luz esta semana y que está destinado a preocupar al Gobierno con una planificación de medidas de fuerza conjuntas a partir de octubre, promete no sólo no ser episódico sino de largo plazo. La central obrera comenzó a explorar mecanismos para una incorporación definitiva de agrupaciones de trabajadores informales, precarizados o desocupados, y hará con ellas una nueva cumbre el 24 de septiembre, un día después de su Comité Central Confederal montado para iniciar un plan de lucha. 

Ayer la cúpula de la CGT acordó profundizar la vía iniciada en la reunión histórica que protagonizó el miércoles el triunvirato de jefes, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, con el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La resolución, inédita en la historia del sindicalismo tradicional, pasará por la inclusión de las entidades en los plenarios de la central obrera, en principio con voz pero sin voto. 

Será para ambas partes una bisagra. A lo largo de las últimas décadas el vínculo estuvo signado por las fricciones y la desconfianza, sobre todo de parte de una CGT aferrada al modelo de representación monopólica que garantiza la ley argentina de asociaciones sindicales. La puja fue siempre por el control callejero: mientras los gremios tradicionales siempre reivindicaron la necesidad de ser la única interlocución del campo laboral con los gobiernos, la precarización del sector iniciada en los años 90 y reeditada en algunos aspectos en la actual gestión fortaleció la presencia de los núcleos de desocupados e informales que tomaron la iniciativa en las últimas protestas al aire libre. 

Como informó ayer este diario, el Confederal del 23 será clave para la determinación de una medida de fuerza contra el Gobierno, que por ahora consiste en un paro a ser lanzado durante octubre con el apoyo de los grupos piqueteros. Pero al día siguiente esas entidades volverán a entrar a la sede de la CGT, en Azopardo al 800, para dar otro paso en una integración hasta hace poco impensada: participarán de una cumbre junto con obispos de la Iglesia Católica bajo el lema papal de "Tierra, techo y trabajo". 

La incorporación será progresiva y tendrá sus primeros capítulos en el interior del país. El dirigente metalúrgico Francisco "Barba" Gutiérrez (secretario de Interior de la CGT) y el coordinador nacional de la central obrera Horacio Otero deberán velar por esa inclusión en el proceso en marcha de normalización de las delegaciones provinciales de la organización. En cada seccional del interior se habilitará la participación en los plenarios de movimientos sociales y de gremios no confederados, una acción en apariencia simbólica pero de características inéditas. 

Ayer el Consejo Directivo de la CGT definió esa modalidad y confirmó que recién el 23 de septiembre definirá una medida de fuerza, en caso de agotar las instancias de negociación con el Gobierno.