En tanto el Centro de Constructores y la Cámara Argentina de la Construcción marplatenses apoyaron a los dirigentes sindicales de nuestro medio a raíz de los episodios de conocimiento público ocurridos en La Plata, avalando sus acciones a través de un comunicado: “la seccional local de la UOCRA, ha sostenido durante años, una posición responsable en los diferendos y de acompañamiento a los reclamos al sector de la construcción”, aseguraron.

“En 2001 y 2002 cuando la construcción se derrumbó, pasando de un promedio de 250.000 m2 por año, a tan solo 18.000 m2, la UOCRA no optó por el camino fácil de estigmatizar a los empresarios responsabilizándolos de la situación, sino que se sentó en el Comité de Crisis del Sector de la Construcción y participó activamente de las gestiones que se realizaron ante los distintos niveles de gobierno para restablecer la actividad de toda la cadena de valor de esta importante industria”, resaltaron ambas corporaciones empresarias al unísono.

Los mismos actores que vinculados a los intereses hegemónicos del empresariado turístico, el lobby inmobiliario y el sistema oligopólico lugareño de medios masivos de comunicación social en abril de 2001, constituyeron una “Junta Promotora” que se institucionalizó en octubre de 2002 a través de la sanción de la Ordenanza Municipal 14.957, por la cual se creó la Comisión Mixta Plan Estratégico Mar del Plata, convalidando lo actuado por esta Junta Promotora coordinada inicialmente por el Centro de Constructores y anexos y sucesivamente, por la Universidad FASTA, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, la Cámara Argentina de la Construcción y el Consejo Profesional de Agrimensura. De resultas de ese pastiche sobrevendrían las intervenciones urbanas con objetivos meramente inmobiliarios y con rápidas tasas de renovación del capital camufladas con el aval del primer Plan Estratégico.

El comunicado de la patronal, pareció ejercer el derecho a réplica, poniéndose en el lugar del sindicato y aventando toda sospecha. La correspondencia de intereses con los gremialistas se entrelazó aún más durante la “década ganada”, y con la anuencia del gobernador bonaerense Daniel Scioli se beneficiaron con obras públicas y excepciones a las normas urbanísticas para la construcción de edificios que convirtieron en regla y caldo de cultivo propicio para el tráfico de influencias y acciones de corrupción. 

Como oportunamente alertó la Asociación Civil Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano “en el trasfondo de la práctica sistemática de la vía de excepción se mueven inocultables especulaciones financieras por parte de empresas sin antecedentes que adquieren los inmuebles poco tiempo antes de requerir los beneficios, y cuyos capitales e integrantes son de origen desconocidos al operar bajo la forma de “fideicomisos”, modalidad fuertemente sospechada por su vinculación con el lavado de activos no declarados”.

De esta manera la compra de los bienes patrimoniales por grupos fiduciarios vinculados estrechamente a la industria de la construcción, que por lo general tienen como pantalla al influyente estudio Mariani-Pérez Maraviglia, cuyo socio oculto es el magnate coruñés y dueño del multimedios La Capital Florencio Aldrey Iglesias, constituye una burda maniobra admitida por funcionarios que  tratan de escudar su posición permisiva a estos despropósitos inmobiliarios, con la ingenua explicación de lograr una fuente de trabajo e inversiones de origen incierto para Mar del Plata.

Esta maniobra quedó en evidencia con la oferta de donación del chalet “Ave María”, luego de obtener por la vía excepcional, la aprobación para la construcción de un edificio en torre sobre su parque contradiciéndose con el espíritu de la ordenanza así como es un secreto a voces que los constructores Coarco, Imepho, Alejandro Rossi, Laura Napp, Plantel, Mariani… son todos miembros del club Aldrey. El megaempresario español maneja la inversión económica de Mar del Plata a piacere, al punto que nadie llega a poner un peso si no pasa por sus escritorios. Cuyo poder de prensa excomulga de la opinión pública lugareña a quienes desde una banca en el Concejo Deliberante se opongan a concederle prerrogativas, brindando cobertura a la UOCRA de los Trujillo, que apuntalaron a su hijo putativo, Daniel Scioli, cuando las riendas de la gobernación estaban en sus manos.