Diego Lanese.

En dos jornadas maratónicas, el Congreso trata la denominada ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la “mega ley” que busca generar mecanismos para contener la situación de crisis de los sectores más vulnerables. En la negociación con la oposición, en la cámara de Diputados, se modificaron varios artículos, entre ellos el artículo 81, que obligaba a las empresas de medicina prepaga a aportar más al Fondo de Redistribución Solidaria (FRS), que financia a las obras sociales sindicales. La media generó malestar en los gremios, que alertaron que el sistema de atención “está al borde del colapso”, y que necesita de recursos para garantizar la atención. Este punto ya fue tocado en reuniones previas, donde hubo un compromiso de la actual gestión de atender la problemática de la seguridad social. Los gremios lograron poner en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a un hombre del líder de UPCN Andrés Rodríguez, pero esto no alcanzó para garantizar nuevos fondos. La ley incluye la declaración de la emergencia sanitaria, en una semana donde los laboratorios firmaron un acuerdo para bajar el precio de los medicamentos, uno de los gastos más importantes de las obras sociales.

El artículo 81 del proyecto de ley que esta madrugada obtuvo media sanción obligaba a las prepagas a incrementar sus aportes al FRS, un pedido del sector privado bajo el argumento que eso iba a subir las cuotas que pagan los afiliados. Las quejas de las empresas fueron tomadas por legisladores opositores, que negociaron la baja de esa obligación. Esos recursos son usados por la Superintendencia de Salud para reintegrar determinados gastos de medicamentos e intervención médica de altos costos de las obras sociales y redistribuye entre las obras sociales que reciben aportes más bajos por contar con mayores afiliados de sueldos menores, o que atiende a monotributistas. Finalmente se acordó su eliminación, previa a la media sanción que dio la cámara baja. “Parece que acá están todos en emergencia menos las obras sociales”, dijo visiblemente enojado un dirigente sindical, cuya obra social es una de las más importantes. El mismo dirigente le recordó a Gestión Sindical que la ley que se trata en el Senado “tiene beneficios para todos, el PAMI, las prepagas, las clínicas, ahora para las entidades que atienden a millones de trabajadores, nada”. Las obras sociales vienen reclamando desde hace tiempo una solución a su problema de desfinanciamiento, que entre otras cosas se da por la gran cantidad de insumos y prácticas incluidas en el programa Médico Obligatorio (PMO), en especial de alto costo.

El malestar además apunta a que la medicina privado subió en la era Macri más que la inflación. Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad nacional de Avellaneda (UNDAV) muestra como las cuotas de la medicina prepaga subieron en estos casi cuatro años de gobierno de Mauricio Macri por encima de la inflación general. “Los aumentos en las cuotas medias para la medicina prepaga acumulará un aumento del 330 por ciento en cuatro años. Cuando la inflación rondará el 317 por ciento. Es decir, 13 puntos porcentuales por encima del IPC general”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical. Por otro lado, con la sola excepción del año 2018, el resto de los años desde 2015 “han tenido incrementos en la cuota mensual de la medicina prepaga por encima del IPC general”. “La mayor separación en un año entre la inflación general y el aumento de las prepagas se dará justamente el corriente año, al tener un aumento aproximado de 62,1 por ciento cuando la inflación general rondaría el 55,4 por ciento”, agregó la entidad del sur del conurbano bonaerense.

El enojo de la dirigencia gremial por la falta de compensación terminó con las expectativas que había generado el nombramiento de David Aruachan, presidente del grupo Unión Personal-Accord Salud del gremio de estatales UPCN, como superintendente de Salud. La llegada del funcionario generó expectativa, ya que desde el 2015 que no lograban un funcionario a fin en esta estratégica dependencia, que maneja 11 mil millones de pesos al año, pero cuya incumbencia se extiende a otros más de 32 mil millones. Desde hace tiempo que las entidades afirman que tienen serios problemas para atender la seguridad social, que en los últimos años creció considerablemente en cuanto a las prestaciones básicas. En 2016 el entonces presidente Mauricio Macri prometió la puesta en marcha de una agencia de tecnología sanitaria, que evalúe las nuevas coberturas de las entidades. Pero hasta el momento, el proyecto que crea la de la Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud (AGNET) no vio la luz. Antes de asumir su cargo, el Ministro de Salud nacional Ginés González García adelantó que mantendrá la iniciativa, que hoy está en el senado, pero que hará algunos cambios que mejoren la transparencia de las decisiones. El lunes pasado, el flamante ministro de Salud  anunció un acuerdo con la industria farmacéutica, para rebajar un 8 por ciento los medicamentos que se venden en el país, y mantenerlo en esos valores por lo menos 50 días. En este contexto, la seguridad social pide mejoras para evitar el colapso de las prestaciones, con insumos que subieron por encima de la inflación.