“Estamos en el medio de una guerra de servicios y nadie sabe qué va a pasar”. Así describe el estado de situación un fiscal federal con muchos años dentro de Comodoro Py. A eso le suma que el Gobierno pretendía una especie de tregua con los federales de Retiro en este año electoral, pero las derivaciones de la causa de Marcelo D’Alessio y del expediente por los cuadernos “le explotaron en la cara”.
Las internas entre los “interlocutores” judiciales del Gobierno tampoco ayudan a que exista una estrategia conjunta. Por un lado, en el Consejo de la Magistratura hay un bloque que responde estrictamente a la mesa judicial del Presidente. Pablo Tonelli, por ejemplo, fue el encargado de resucitar una (vieja) causa que había en el Consejo contra Alejo Ramos Padilla, justo el día después de que procesara a D’Alessio y cuestionara a Carlos Stornelli. El fiscal mantiene desde hace mucho tiempo un vínculo muy cercano al macrismo bajo el fulgor de haber participado activamente dentro de Boca Juniors.
La pertenencia de Ramos Padilla a Justicia Legítima era el mayor cuestionamiento que podían hacerle los oficialistas hasta hace un mes. Desempolvar una causa que le inició un abogado por “haberse extralimitado en sus funciones” no parece ser una reacción demasiado disimulada de cómo les cayó el procesamiento del falso abogado. Dentro del Palacio de Tribunales se apuran a aclarar, además, que ese tipo de causas contra los magistrados (donde un abogado disiente de cómo manejó un expediente) son muy habituales y en la mayoría de los casos suelen ser archivadas.
A la par de esa situación, donde parece tener un poquito más de terreno para avanzar es contra Luis Rodriguez, acusado de cobrar una coima de ¿8? ¿10? millones de dólares por parte de Daniel Muñoz, quién fuera secretario de Néstor Kirchner. Analizarán sus declaraciones juradas, sus viajes y los dichos de quienes lo involucraron en este tema: Carolina Pochetti y Victor Manzanares.
El Consejo era claramente el caballito de batalla en año electoral de la mano de las críticas a los y las juezas que se encargan de investigar los robos y arrebatos dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La idea era mostrar acción: una agenda en contra de los magistrados “garantistas”. El mensaje llegó y hasta la Asociación de Magistrados expresó, en más de una charla, que no permitirían un ataque personal contra un juez por cumplir con la ley. Hay que resaltar que la Asociación fue una especie de “aliada” del macrismo cuando éste era la oposición del kirchnerismo.
Mientras tanto, a dos plazas de distancia, la Corte Suprema parece no estar dispuesta a serle muy simpática al oficialismo. La agenda de temas a resolver en el primer semestre del año (antes de la feria judicial de invierno) no le saca sonrisas al Gobierno.
La alianza Horacio Rosatti-Juan Carlos Maqueda (a la que se suma estratégicamente el desplazado presidencial Ricardo Lorenzetti) no le está haciendo las cosas demasiado fáciles a Carlos Rosenkrantz. Jubilaciones, Ganancias, temas electorales y ambientales marcan un line-up que incluirá, como siempre, más de una sorpresa. El Gobierno no encuentra en la Corte interlocutores que le aporten información para anticiparse a los problemas.
El segundo semestre, con elecciones nacionales en marcha, es todavía incierto. Ayer, algunos jueces vecinos al cuarto piso del palacio de Tribunales se preguntaban qué pasaría si Rosenkrantz perdiera el apoyo “del afuera”. ¿Podría resistirlo o se abriría la puerta a una nueva (o vieja) gestión?
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